Bonadío, te lo repito, lacayo, la prepotencia es el sistema que te sostiene

DETUVIERON A UN DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO TERESA RODRIGUEZ:
ROBERTO MARTINO
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Antes que nada: ¿Quién es Bonadío?

Criado en un hogar de clase media de la localidad de San Martín, estudió en el colegio La Salle de Florida y se recibió de bachiller en 1973. En los años 70 militó en Guardia de Hierro, una organización de la derecha peronista que sería semillero de notorios cuadros como José Luis Manzano y Matilde Menéndez.

En 1983, con el retorno de la democracia, Bonadío se vinculó al Frente de Unidad Peronista, la línea interna de Eduardo Vaca y Miguel Angel Toma que dominó por años el aparato del PJ de Capital Federal, aliada al megadenunciado intendente Carlos Grosso.

Fue asesor en el Concejo Deliberante y en los albores del menemismo Vaca lo acercó al estudio jurídico de Carlos Corach, quien lo insertó en la Justicia Federal luego de acceder al Ministerio del Interior de la Nación, aún cuando carecía de la más mínima “carrera judicial” y a pesar de no ser jurista de nota en especialidad alguna.

Bonadío no olvidará ese enorme favor y lo pagará con creces sobreseyendo a diversos funcionarios públicos del menemismo acusados por hechos de corrupción, de la talla del ex interventor del PAMI, Víctor Alderete. Por este último expediente, será denunciado por la Oficina Anticorrupción, quien lo acusará de haber realizado “manejos sospechosos” en una causa judicial para beneficiar al cuestionado personaje.

En sentido similar, a principios de agosto de 2009, Bonadío será citado a declarar por el Consejo de la Magistratura acusado de "mal desempeño" por presuntas irregularidades en el trámite de una causa que investigaba créditos otorgados al grupo Yoma.

Si su costado profesional es cuestionable, aún más lo es su perfil financiero. A pesar de ostentar un elevadísimo nivel de vida, Bonadío ha tenido una carrera estrepitosa: el Banco Ciudad cerró su cuenta en 1991 y fue inhabilitado por el Banco Central hasta 1993. Designado juez, Bonadío recuperó su cuenta en el Banco Ciudad, entidad a la que aún hoy le debe 10.100 pesos.

A pesar de que en sus comienzos no tenía bienes a su nombre, en su última declaración jurada aseguró que posee una casa en Capital Federal, con valor fiscal de 83.151 pesos, y parte de otra en San Martín, por 10.022 pesos. Consignó, además, un jeep Rangler, valuado en 20.000 pesos, y un Audi A 3, modelo 2001, de 57.189 pesos. También declaró, por un total aproximado de 30.000 pesos, bienes del hogar y "armas de puño". Por si fuera poco, en el banco aseguró tener 20.000 pesos y 25.000 dólares.

Un hombre siempre alineado

La mayor celebridad de Bonadío llegará de la mano del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lo incluyó en la célebre servilleta donde reposaban los nombres de jueces federales entonces afines al gobierno.

Derrumbado el menemismo, rápido de reflejos, Bonadío se alineará rápidamente al kirchnerismo a partir de su llega al poder, en el año 2003, siendo una importante herramienta a la hora de desestimar denuncias contra funcionarios señalados por hechos de corrupción y perseguir a aquellos que se muestran críticos a las políticas del oficialismo. Baste recordar lo ocurrido en su momento con los ex ministros Gustavo Béliz y Horacio Rosatti.

De la misma manera sabrá cajonear y demorar importantes expedientes que comprometían a funcionarios del gobierno. Dos de ellos han sido la irregular importación de autos diplomáticos por parte de funcionarios de Cancillería —donde avanzó sólo sobre un par de “perejiles”— y la célebre causa Skanska.

A su vez, en gesto de gratitud, el kirchnerismo paralizará oportunamente las denuncias que pesaban sobre Bonadío ante el Consejo de la Magistratura.

Del diario Crítica

Ahora, mi solidaridad con Martino.

El Juez Bonadío

DETUVIERON A UN DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO TERESA RODRIGUEZ
Causa por disturbios y antisemitismo

Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez, fue detenido en la madrugada de ayer mientras se encontraba en la casa de una compañera de su agrupación, en La Matanza. El dirigente piquetero tenía pedido de captura desde mayo del año pasado, en una causa que instruye el juez federal Claudio Bonadío, iniciada a raíz de los incidentes ocurridos en un acto por el 61° aniversario de la creación del Estado de Israel, cuando el MTR y otras organizaciones políticas hicieron una contramarcha en solidaridad con los palestinos y hubo golpes entre los manifestantes. Martino fue acusado por los hechos ocurridos en aquel acto, que dirigentes de la comunidad judía calificaron de antisemitismo, y porque en un allanamiento posterior a un local del MTR en Florencio Varela la policía encontró cinco armas y elementos para hacer molotovs.

Ayer Martino declaró y quedó bajo arresto, acusado de los delitos de lesiones, tenencia de armas de guerra y prepotencia ideológica. Su abogado, Martín Alderete, señaló que rechazó todos los cargos, con el argumento principal de que en la contramarcha el MTR “no inició los hechos de violencia”. En la investigación, agregó el defensor, “no hay imágenes de video ni fotos sobre lo que ocurrió, de manera que la prueba central son las declaraciones de las personas que dijeron haber sido agredidas”. Por otra parte, el detenido negó ser dueño de las armas. El allanamiento al local del MTR tiene un pedido de nulidad a resolución de la Justicia porque se habría realizado sin testigos presenciales.

El día de los incidentes fueron detenidos cinco piqueteros. Se los acusó de prepotencia ideológica, lesiones leves, daños y resistencia a la autoridad, todo agravado por violación a la ley antidiscriminatoria. Días después, el juez ordenó el allanamiento del local del MTR en Florencio Varela, donde fueron arrestadas otras diez personas. A ellos se los imputó por la tenencia de cinco armas encontradas en una de las habitaciones de la casa, junto con botellas con nafta. Se les aplicó la figura de prepotencia ideológica, que castiga a quienes formen parte de una organización que busca imponer sus ideas por la fuerza. Los detenidos pasaron dos meses en prisión. La Cámara de Apelaciones revocó los procesamientos por prepotencia ideológica –una figura cuestionada por haber sido sancionada en el ’74 en un paquete de “leyes contra la subversión”– y sobreseyó a las personas detenidas en el allanamiento al local del MTR. Quedaban en pie los cargos contra Martino, declarado prófugo. Bonadío tendrá ahora diez días hábiles para resolver su situación procesal.

Ley de medios audiovisuales

Red Eco frente a la judicialización de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual


Ante la reciente judicialización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, proceso llevado adelante e instigado por los sectores más concentrados del capital mediático, apoyado por la derecha reaccionaria y ejecutado por jueces adictos a los intereses de esas corporaciones, creemos necesario sentar nuestra posición como medio alternativo cuya razón de ser es la disputa en el terreno de la comunicación, a favor de las luchas populares, de los intereses del pueblo y de una comunicación contrahegemónica.
Para ello, es vital denunciar y enfrentar a los monopolios de la comunicación, funcionales a los intereses de quienes dominan, someten y explotan.

Hemos señalado una y otra vez la clara operación ideológica que implicaba la construcción de una falsa dicotomía Gobierno/Clarín, que clausura cualquier debate y la posibilidad de lograr una ley que verdaderamente respondiese al “espíritu” que sus impulsores le adscribían. Red Eco Alternativo, como integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), ha participado activamente de la discusión sobre el proyecto de Ley de SCA, que venía a reemplazar al Decreto Ley 22.285, sancionado por la dictadura militar, y empeorado por los sucesivos gobiernos democráticos. Hemos señalado también desde el principio las limitaciones del proyecto de ley, respecto del objetivo de democratizar la comunicación, garantizar la pluralidad de voces y el acceso a los medios de expresión. Aceptando las reglas de juego impuestas por los impulsores de la ley, participamos de foros y debates, que en muchas ocasiones consistieron simplemente en exposiciones en defensa del proyecto de ley y no en verdaderos espacios de debate.

También denunciamos que en el año 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionó el decreto 527, por el cual se benefició a las corporaciones mediáticas (entre ellas, obviamente Clarín) con la suspensión de los plazos de licencias de radiodifusión por 10 años. El mismo gobierno aprobó en 2007 la fusión entre Multicanal y Cablevisión, beneficiando una vez más al Grupo Clarín.
La mayoría de las propuestas realizadas por la RNMA no fueron incorporadas en el texto de la ley aprobada en el Congreso.

Además de la necesidad imperiosa de derogar el decreto 527/05, señalamos entre otras cosas, la necesidad de que los medios alternativos, comunitarios y populares sean reconocidos como actores con características específicas y diferenciadas, en virtud de ser organizaciones que cumplen un rol político-social fundamental dentro de las comunidades (geográficas o de intereses) en las que están insertas. En este sentido, manifestamos lo imperioso de garantizar una asignación específica del espectro radioeléctrico, mecanismos específicos de acceso a las licencias, asistencia técnica y tarifas diferenciadas para el acceso a los pliegos, trámites respecto a personería jurídica, plan técnico y financiero, etc.

Nada de esto fue incorporado, dejando a los medios alternativos, comunitarios y populares en clara disparidad de condiciones frente a actores sociales muy poderosos y corporaciones como la Iglesia, fundaciones empresariales, etcétera, que la ley denomina "prestadores de gestión privada sin fines de lucro" y con los cuales deberán competir por las licencias. Esto claramente va en contra de una verdadera democratización de la comunicación.

Sin embargo, la ley fue aprobada y sancionada, contando con un importante apoyo popular. Desde que el proyecto vio la luz, las corporaciones de medios iniciaron una campaña furiosa en contra de la ley, apoyada en operaciones ideológicas lamentables, plagadas de mentiras y falacias, y en pos una supuesta libertad de expresión, derecho que ellas vulneran sistemáticamente todos los días, mediante una agenda acotada y manipulada según sus intereses. La gran mayoría de los sectores de “la oposición” se encolumnaron detrás de esta campaña, defendiendo los intereses del capital mediático. Lo mismo hicieron las grandes plumas y las figuras más reconocidas de la prensa nacional, como verdaderos mercenarios a sueldo de los monopolios.

Son hoy esos mismos sectores los que impulsan la paralización de la ley, a través de la judicialización. De hecho, los artículos objetados de la nueva ley 26.522 son justamente los que legislan sobre la desconcentración de la propiedad de los medios. Además se cuestionan los procedimientos legislativos utilizados en su tratamiento y sanción. La decisión judicial que suspendió la aplicación de la Ley fue dictada por la misma jueza mendocina que benefició al grupo de Vila y Manzano, al impedir que canal 7 se emita en San Rafael.

Es por todo esto, y a pesar de las enormes limitaciones que encontramos a la ley actual, -limitaciones que señalamos desde un primer momento y ante las cuales realizamos propuestas concretas-, que sostenemos que es necesaria la aplicación inmediata de la Ley 26.522.

Además de ello, abogamos por su progresiva mejora atendiendo a las necesidades reales de los sectores populares y de los medios alternativos.

Seguimos denunciando la falacia que implica la construcción de la oposición Gobierno “popular”/Clarín-Monopolios, siendo que hasta hace no mucho tiempo unos y otros convivieron en una asombrosa “armonía”, y los monopolios de la comunicación se vieron largamente beneficiados, como lo señalamos más arriba.

Denunciamos también que no sólo las corporaciones mediáticas se vieron beneficiadas con las políticas de estado de los gobiernos kirchneristas. También lo hicieron –y lo siguen haciendo- las corporaciones mineras, empresariales, las multinacionales, el capital financiero y los usureros internacionales.
Mientras tanto, organizaciones populares y sindicales son perseguidas y reprimidas, y los luchadores son judicializados. La represión de luchas obreras como la de los trabajadores de Kraft, o el ninguneo de organizaciones democráticas y legítimas como el Nuevo Sindicato del subte, también dan cuenta de quienes son los “beneficiados y perjudicados” por el “gobierno popular”.

Es por todo esto que seguiremos luchando por una ley que verdaderamente combata al poder de las corporaciones que cercenan la libertad de expresión y manipulan constantemente la información para defender los intereses más espurios, que son los de la dominación y la explotación.
Es por todo esto que seguiremos luchando por una verdadera democratización de la comunicación, por el acceso plural y participativo a los medios de comunicación, por el derecho al trabajo digno, educación, salud y vivienda de los trabajadores y el pueblo.

La burguesía española contra la verdad

El juez Baltasar Garzón quedó a un paso de ser separado de sus funciones


El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el juez, lo que supone que será procesado en el momento en el que alguna de las partes presente acusación contra él. Tras esta decisión, se espera que el Consejo General del Poder Judicial lo suspenda próximamente.

Según la agencia de noticias DPA, el juez español Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por haber presuntamente prevaricado en su investigación de las desapariciones de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el juez, lo que supone que Garzón será procesado en el momento en el que alguna de las partes presente acusación contra él, según informaron hoy medios electrónicos españoles.

La resolución se notificará en las próximas horas al juez, que aún no tiene constancia oficial de la misma. Tras la decisión de hoy de Varela, se espera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspenda próximamente al juez de sus funciones.

La querella contra Garzón fue interpuesta por tres organizaciones de ultraderecha: el autodenominado sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS, heredera del partido único en el que se asentó la dictadura del general Francisco Franco.


Según los demandantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo de esta forma en un delito de prevaricación.

El Tribunal Supremo rechazó el pasado 25 de marzo el recurso de apelación que había presentado Garzón y concluyó que la causa contra él debe seguir adelante. La Fiscalía se mostró reiteradamente contraria a sentar a Garzón en el banquillo al no ver indicios de delito.

En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó a Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.

En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía.

Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente.

Garzón, de 54 años, tiene otras dos causas pendientes por prevaricación ante el Tribunal Supremo: una por unos supuestos pagos que percibió del Banco Santander para la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York y otra por la interceptación de comunicaciones de algunos de los imputados en prisión por el "caso Gürtel", el escándalo de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace un año.

El magistrado de la Audiencia Nacional, que en el marco de su ejercicio como juez instructor asestó duros golpes a ETA y su entorno, se hizo mundialmente famoso por el proceso abierto en 1998 contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y los posteriores que abrió también a represores de la dictadura argentina.

Facebook y la trata de esclavas sexuales

¿Travesura o nuevo caso de trata para prostitución?



Federica Anconetani tiene 12 años y el sábado 28 de noviembre desapareció de su casa, en la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente su madre, docente, comenzó la búsqueda y recurrió a sus compañeros y compañeras de trabajo, quienes por todos los medios y un corte y marcha en Avenida La Plata e Inclán hicieron pública la desaparición de Federica. El lunes 30 de noviembre la niña apareció, con lo que los medios masivos dieron por terminada la mención del caso, pero quedó como una travesura adolescente.

Aquí una opinión del Colectivo de Documentales EqEE con respecto al tema.
Por ANRed - Sur

El sábado 28 de noviembre Federica Anconetani de 12 años, se encontraba en su casa del Barrio de Boedo, chateando por Facebook. A las 16 de la tarde, tocan el timbre de la casa y ella le dice a su madre que es un amigo del colegio, baja a verlo, desde ese momento y hasta el lunes 30 a la tarde estuvo desaparecida.

Desde un primer momento Claudia, la madre, denuncia la desaparición en la comisaría 34 y en missing children. La respuesta que recibió de parte de la comisaría es que tenía que esperar 48hs, ya que ese es el tiempo legal para la averiguación de paradero, y 5 días para que la Fiscalía empiece a investigar.

Claudia, no se queda conforme con esa respuesta, es por eso que empieza a contactarse con todos sus conocidos y con sus compañeros de trabajo, de UTE y Ademys, ya que ella es maestra de una escuela de caballito y convocan a dos marchas para el lunes 30, la primera, durante la mañana, en la escuela donde ella trabaja, haciéndose publica la noticia de la desaparición y la segunda, al mediodía, en la escuela donde va Federica en Parque Chacabuco.

Durante la segunda marcha, Claudia recibe un mensaje de texto de su hermano, dándole la noticia de que había aparecido. Dos señoras, vecinas del Barrio, la encontraron a unas cuadras de su casa, donde en ese mismo momento se encontraba la policía haciendo un operativo, la encontraron totalmente desorientada y sin acordarse de nada de lo que le había pasado.

Luego de esto, la revisa el medico legista, quien hace un relevamiento superficial de los golpes que tiene en la cara y en varias partes del cuerpo, pero sin proceder a los chequeos correspondientes, como ser análisis de sangre para constatar si fue drogada, y ginecológicos para descartar un abuso sexual. Es por esto que Claudia acude a su pediatra particular, quien si le manda a hacer esta serie de estudios. Todavía se están esperando los resultados para saber si la drogaron y si hubo abuso sexual.

De a poco Federica va recordando lo que le paso, y comienzan a hilarse los hechos, indicando cada vez con más fuerza, que fue victima de la mafia de las redes de trata que secuestran niñas y mujeres para la prostitucion.

Lo que ahora se sabe del testimonio de la niña, es que en realidad fue a encontrarse con un chico que no conocía personalmente y que la había convencido a través del Facebook para verse con ella. Cuando acude a su encuentro, el chico estaba junto a una señora, (quien dice ser su madre) y la invitan a ir a su casa a tomar algo. Al llegar comienzan a tratarla mal, a amenazarla y a golpearla. Por el momento esto es lo que recuerda Federica quien se encuentra en estado de shock y muy asustada de seguir hablando.

¿Cuál seria el final de esta historia, si Claudia hubiese esperado las 48hs que la justicia le pedía para empezar a buscarla? Si se hubiera quedado esperando sentada en su casa a que Federica regrese de su "travesura" como catalogaron todos los medios de comunicación. ¿Cuanto tarda una red que secuestra niñas para llevarlas a otra provincia y cuanto más tarde en sacarlas del país?

Claudia tuvo la lucidez de entender que las primeras 48hs son los momentos cruciales para lograr salvar a una niña secuestrada, por eso grito y busco desesperadamente a su hija, por eso se movilizo en su barrio, hablo en los medios y por eso no hubiese dudado un segundo en salir a quemar los cientos de prostíbulos clandestinos, si su hija no aparecía.

Colectivo EQEE
eqeedoc@gmail.com
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Que no se abolle la olla
Que no se calle la calle

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Sobre la mente humana

TESTIMONIO DE UN REPRESOR EN EL JUICIO A LUCIANO MENENDEZ
“La gente no valía nada”

El ex policía Ramón Roque Calderón, actualmente preso por delitos comunes, fue guardia de dos centros clandestinos. Relató cómo fue torturado y asesinado el subcomisario Ricardo Fermín Albareda e identificó a sus asesinos.


“He visto cosas que la mente humana no puede creer. La gente no valía nada.” La confesión pertenece a Ramón Roque Calderón, ex miembro del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba, ex guardia de dos centros clandestinos de detención durante la última dictadura y testigo central del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. El ex policía, preso por delitos comunes, relató cómo fue degradado, torturado y asesinado el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, e identificó a los asesinos.

A primera hora, Calderón prestó testimonio ante el fiscal Gustavo Vidal Lascano en la causa que investiga la muerte del ex policía Jesús González, cinco días antes del comienzo del proceso en el que estaba citado como testigo. Dijo que ambos fueron guardias del destacamento policial Pilar y del “Chalet de Hidráulica”, frente al lago San Roque, al que fue trasladado Albareda. González “presenció lo mismo que yo”, dijo. La investigación de la muerte parece orientarse hacia la hipótesis del suicidio y tendría relación con la preocupación que le generaba tener que declarar. Fuentes judiciales informaron a La Voz del Interior que González “hizo una broma a su esposa sobre la posibilidad de quedar detenido por falso testimonio cuando vio por TV a Calderón relatando lo ocurrido con Albareda”. De no surgir nuevos elementos que permitan pensar en la instigación al suicidio, el expediente se cerrará.

Calderón relató que fue de guardia al servicio del D2 entre 1976 y 1980. Trabajaba siete días corridos y descansaba dos semanas. Calculó que vio a “más de doscientos detenidos” en el “Chalet de Hidráulica”. Luego se metió de lleno en el caso Albareda. El subcomisario y militante del PRT fue secuestrado el 26 de septiembre de 1979. Esa noche compartió la guardia con el finado González y los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Los cuatro vieron llegar a la víctima con sus captores: el jefe del D2 Raúl Pedro Telleldín, los policías Hugo Cayetano Britos y Américo Pedro Romano.

“Llegaron de civil con Albareda, que estaba con uniforme de policía y esposado”, dijo. “Lo ataron con alambre a una silla. Telleldín le dijo a Britos que le arrancara las insignias y que lo degradara”, describió Calderón, quien identificó ante el tribunal a sus compañeros del D2 Britos y (Luis Calixto) Flores. Luego Telleldín les anticipó lo que vendría: “Esto les va a servir de ejemplo para el día que traicionen a la policía. Vea ‘Kung Fu’ lo que les pasa a los traidores. Van a morir igual”, les dijo. Tras aplicarle “una golpiza salvaje, Telleldín sacó un bisturí y le dijo a Albareda: ‘Usted camina por el peso de las bolas. Se las voy a cortar’. Y le cortó los testículos”, narró ante el tribunal. Agregó que en ese momento pidió retirarse porque se “sentía mal”. Luego le contaron que Telleldín le introdujo los testículos seccionados en la boca de la víctima y se la cosió. Recordó también que durante la sesión de torturas “pusieron música a todo lo que daba para tapar los gritos” y que luego Telleldín, los hermanos Carabante, Britos y Romano comieron un asado al aire libre. Sobre el destino final del cuerpo, dijo que supo por los Carabante que lo arrastraron y lo cargaron “como una bolsa de papas” en un auto. Britos y otro chofer lo cargaron y se lo llevaron, aunque, según Calderón, nunca supo a dónde. Telleldín ordenó que limpiaran la sangre “con lavandina”. “Y cumplimos”, admitió. Tuvo “terror aquella noche”, aseguró.

Masacre de Budge

Los familiares exigen cárcel común y efectiva para Balmaceda

En el día de hoy los familiares de las víctimas de la Masacre de Ingeniero Budge -por intermedio de su abogado el Dr. Alejandro Zimerman-, interpusieron recurso de apelacíón contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante la cual se confirma lo dictaminado por el Dr. Ricardo Héctor Cabrera, respecto a otorgar el beneficio del arresto domiciliario para el Sub Oficial Mayor Juan Ramón Balmaceda, máximo responsable de la Masacre.


Resulta grotesco, que se funde dicha resolución en la finalidad de "procurar su adecuada inserción social" y se cite para el caso los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Desde CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), denunciamos esta situación como un paso más en la campaña de encubrimiento e impunidad que desde el Poder se les ha brindado a estos asesinos uniformados.

No podemos dejar de recordar que los tres asesinos de la Masacre de Budge, se profugaron durante años gracias a la complicidad de la Policía, el Gobierno y el Poder Judicial. En el caso de Balmaceda llegó a estar 9 años prófugo y fue detenido solo gracias a la lucha incansable de los familires de las víctimas y a la campaña de busqueda de los prófugos coordinada por nuestro fallecido compañero León "TOTO" Zimerman. El otorgamiento del arresto domicilio para este policía asesino, no hace mas que reafirmar el pacto de impunidad que se exteriorisa en el sin número de privilegios otorgados a los genocidas y represores de ayer y de hoy.

No nos cabe ninguna duda que si Balmaceda fuese un preso común, en estos momentos no estaría sentado cómodamente en su casa, sino encerrado en una cárcel cumpliendo prisión común y efectiva.

Párrafo aparte merece la presentación efectuada en el expediente por el propio Balmaceda, en la que solicita custodia policial en su casa a fin de evitar posibles escraches por parte de los organismos de derechos humanos. Efectivamente, despúes de mas de 20 años de lucha ininterrumpida, Balmaceda nos conoce muy bien y sabe que no nos quedaremos cruzados de brazos, amparando tanta impunidad. Tal como lo hemos hechos tantas veces respecto de éste y otros represores y genocidas, sin ninguna duda saldremos nuevamente a las calles junto al pueblo de Budge a reafirmar con los hechos esa consigna que a esta altura ya es bandera: "Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar".

CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)
Teléfono de contacto con el Dr. Alejandro ZIMERMAN: 15-4-498-0901

Teléfono de contacto con CADeP:

15 (5) 706-7707 (Dr. Sergio SMIETNIANSKY

Reseña Caso Budge:

Hecho: 8 de Mayo de 1987.

Víctimas: Oscar Humberto AREDES, 19 años; Roberto Antonio ARGAÑARAZ, 24 años y Agustín Antonio OLIVERA, 20 años.

Homicidas: Sub-Oficial Mayor Juan Ramón BALMACEDA; Cabo Primero Jorge Alberto MIÑO y Cabo Isidro Rito ROMERO.

1ª Sentencia: 24 de Mayo de 1990, condena a BALMACEDA y MIÑO a 5 años de prisión por homicidio en riña, mientras que por el mismo hecho condena a ROMERO a 12 años de prisión, pero por homicidio simple.

La Suprema Corte de la Provincia de Bs. As. anula este juicio por error técnico.

2ª Sentencia: 24 de Junio de 1994, condena a los tres policías a 11 años de prisión por homicidio simple.

La defensa de los policías interpone un Recurso de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad. Amén de ello formula reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Recurso Extraordinario).

La Suprema Corte Provincial en Setiembre de 1997: a) Confirma la Sentencia de la Sala II de Lomas de Zamora.

b) No le concede a la defensa el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensa se dirige en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte rechaza este recurso.

En el mes de Febrero de 1998 la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. resuelve enviar la causa a la Sala II de Lomas de Zamora para que se haga efectivo el cumplimiento de la Sentencia.

El 28 de Mayo de 1998 la Sala II ordena la detención.

Ninguna de las tres ordenes se hace efectiva.

Las responsabilidades son tanto de la Cámara como de la Corte, por no tomar ninguna medida preventiva para detenerlos. Lo mismo para la Policía que no ha hecho nada para que se cumpla con la detención.

Párrafo aparte merece el Gobierno Provincial que publicaba en los diarios las fotos de los homicidas de cuando ingresaron a la Policía, es decir con mas de 20 años de antiguedad.

De los 11 años de Juicio, la Suprema Corte Provincial retuvo el expediente por mas de 8 años. No se cumplió con la obligación de juzgar rápida y eficazmente.

En reiteradas oportunidades nuestro compañero, el Dr. León ZIMERMAN, presentó escritos pidiendo que se instrumenten los medios necesarios para la detención de los prófugos.

El Cabo Isidro Rito ROMERO, fue capturado en el año 1999, MIÑO y BALMACEDA fueron capturados en el 2006.

Desde CADeP afirmamos que estas detenciones se lograron gracias a la larga lucha y campaña popular de búsqueda de los prófugos que coordinamos durante 9 años.

GATILLO FÁCIL:

La masacre de Ingeniero Budge no fue el primer caso de gatillo fácil, sino el primero en el que todo un barrio se organizó para pelear contra esta política represiva. De allí surgió la expresión "gatillo fácil" cuando uno de los abogados de las familias de las víctimas - nuestro compañero, el fallecido Dr. León "Toto" ZIMERMAN - toma una expresión del periodista -desaparecido- Rodolfo Walsh que hacía referencia al "gatillo alegre"(*) y lo reformula como "gatillo fácil", expresión que con los años se popularizo para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad en la Argentina.

(*) El escritor - periodista Rodolfo Walsh, en una publicación de la CGT, escribió de la Bonaerense: "... es una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley; la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata".

CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN NO A LA LEY ANTITERRORISTA LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS FRENTE A LA REPRESIÓN: ¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Para contactarnos:

CADeP se reúne todos los martes a las 20 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2º "C", capital (teléfono: 4371-8066).

Mail: cadepdh@gmail.com

Culpables libres, inocentes muertos...

TRES EX POLICIAS, CULPABLES POR ABUSAR DE UNA CHICA DISCAPACITADA QUE LUEGO FALLECIO
Condenados por violadores, pero en libertad



El fallo debía conocerse el martes a la tarde pero, al final, se difundió pasada la medianoche. Tres ex policías que estaban acusados por la violación de una joven discapacitada, hace cinco años, en Escobar, fueron condenados a 13 años de prisión, pero quedaron en libertad hasta que la sentencia quede firme, mientras que un cuarto imputado fue absuelto por el beneficio de la duda. La víctima, Paula Lauro, falleció un año y medio después, debido a que ese abuso agravó su estado de salud.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Zárate-Campana, en un fallo por mayoría, condenó a los ex policías Mauricio Padín, Néstor Panucci y Sergio Gutiérrez, en tanto que absolvió a Pablo Enríquez. Los jueces Claudio Rapolo, Elena Barcena y Angeles Andreini resolvieron que ninguno de los condenados irá a prisión hasta que el fallo quede firme en una instancia superior. El abogado querellante, Roberto Hermo, adelantó que apelará tanto la absolución de Enríquez, como la libertad de los tres condenados.

Padín, Panucci y Gutiérrez fueron considerados coautores de “abuso sexual agravado por ser ultrajante para la víctima y por la participación de dos o más personas, pertenecientes a la fuerza policial y en ocasión de sus funciones”, tal como habían sido acusados por la fiscal de juicio, María Vivas. Sin embargo, tanto la fiscal como Hermo habían solicitado en sus alegatos que los cuatro imputados fueran condenados a 17 años de cárcel.

Además de peritos, declararon dos testigos que complicaron la situación de los imputados: el empleado de la estación de servicio donde Lauro fue abandonada tras ser violada, y Sonia, la hermana mayor de la víctima. El primero declaró que vio a Lauro descender de un patrullero y salir a la carrera para pedir auxilio, aunque no pudo ver quién o quiénes iban en el móvil policial.

Por su parte, Sonia Lauro contó que Padín fue la noche del hecho, el 15 de septiembre de 2004, a buscar a su hermana a la casa en Escobar y le regaló “una flor y un osito de peluche”. La convenció de subir al patrullero y se la llevó en el asiento trasero, mientras otro policía iba agachado en el del acompañante. Contó que Paula fue llevada hasta una casa rodante de un policía. Hasta ese lugar llegaron otros tres policías. La joven fue violada reiteradamente y golpeada. Padín la llevó luego hasta la estación de servicio, donde la abandonó. Luego, el estado de salud de la joven se agravó. Diecisiete meses después, en enero de 2006, murió por convulsiones.

Con una ayudita de los "amigos"

Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo: de el club de amigos...

LA CAMARA DE CASACION PENAL POSTERGA EL JUICIO POR SOBRESUELDOS
Un regalito para Menem y Cía.

Cuando la Justicia estaba a punto de avanzar en el procesamiento del ex presidente y de Domingo Cavallo por los 466 millones de dólares en sobresueldos que se habrían pagado, dos jueces subrogantes de Casación apartaron a la Cámara Federal y puede caer la causa.

Por Irina Hauser

Cuando ya estaba muy cerca de llegar a juicio oral después de cinco años, la causa de los sobresueldos del menemismo cayó esta semana en un agujero negro. Dos jueces subrogantes de la Cámara de Casación Penal decidieron sorpresivamente apartar del caso a la Sala II de la Cámara Federal, el tribunal que apuntaló la investigación desde un comienzo, con el argumento de que fue “arbitraria” al procesar por peculado a una ex colaboradora de María Julia Alsogaray. La decisión trae consigo un efecto en cascada: los camaristas estaban por confirmar una decena de otros procesamientos claves, entre ellos los de Carlos Menem y Domingo Cavallo, pero tuvieron que desprenderse de todo lo que les quedaba del expediente y no está claro qué jueces intervendrán.

La resolución fue firmada por los suplentes Mariano González Palazzo, que viene de la Cámara Criminal de Capital Federal, y Augusto Diez Ojeda, del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín. Ambos están concursando para quedarse en Casación –el tribunal penal que sigue a la Corte Suprema en jerarquía–, pero hace poco supieron que tienen pocas perspectivas por las bajas calificaciones que sacaron en el examen. Como ya informó Página/12, González Palazzo obtuvo la peor nota: 45 puntos sobre cien. Quedó 23 entre 25 personas en el orden de mérito. Según el jurado, su escrito tenía “cierto grado de imprecisión y confusión”, no reconoció “las cuestiones federales planteadas ni los precedentes de la Corte”, tenía “escasa fundamentación” y citó “erróneamente” precedentes de la Casación. A Diez Ojeda le fue un poco mejor, con 60 puntos. El jurado también le señaló “cierto grado de confusión” y que “omitió” los “problemas planteados”.

La causa de los sobresueldos se inició en 2004, a raíz de las revelaciones de un testigo durante el juicio por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray. Roberto Martínez Medina, ex secretario de Raúl Granillo Ocampo en el Ministerio de Justicia, aseguró frente al tribunal oral que todos los meses retiraba de la Jefatura de Gabinete un sobre con 50 mil pesos para su entonces jefe. Contó que lo hizo entre 1997 y 1999. La investigación tuvo idas y vueltas, con procesamientos y desprocesamientos a partir de 2005. La Sala II de la Cámara Federal –que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah– tuvo que intervenir en más de treinta oportunidades, para resolver nulidades, prescripciones y otros planteos. Finalmente, recién este año, con los lineamientos trazados por los camaristas, el juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi procesó por peculado (sustraer fondos públicos) a Menem, Cavallo, Granillo Ocampo y Alsogaray, además de un grupo de ex funcionarios de segunda línea. Les trabó embargos millonarios.

La Cámara Federal estaba cerca de resolver las apelaciones de todos ellos y con eso la causa estaría ya casi en condiciones de ser elevada a juicio. Pero llegó la sorpresa de Casación que decidió apartar al tribunal por considerar que fue arbitrario al procesar a Mabel Behal, una ex funcionaria de María Julia en la Secretaría de Recursos Naturales. El procesamiento, que ahora queda anulado, era de fines de octubre del año pasado. El fallo de Casación es de hace un mes y fue notificado esta semana a la Cámara.

Behal había reconocido el cobro de sobresueldos incluyéndolos en su propia declaración jurada de bienes. Cuando tuvo que dar explicaciones en Tribunales, sugirió que desconocía el origen del dinero con que el gobierno los pagaba (eran fondos reservados), por lo tanto no había “dolo” en su conducta. La Cámara no aceptó esta explicación y revocó la falta de mérito que le había dictado el juez. Así este caso llegó a Casación, donde González Palazzo y Diez Ojeda sostuvieron que los camaristas no habían dado fundamentos suficientes para imputarle a la mujer la “sustracción de fondos” públicos. Gustavo Hornos votó en disidencia. El voto mayoritario ordenó “un nuevo pronunciamiento” del tribunal pero “con otra integración”.

Y ahí es donde surge otro problema: en la Sala I de la Cámara Federal el único que está en condiciones de intervenir es Eduardo Freiler. Jorge Ballestero no puede porque cuando todavía era juez de primera instancia instruyó la causa. Eduardo Farah ya tuvo intervenciones en el caso. Habrá que sortear dos jueces entre los miembros de la Cámara del Crimen. Además de que este proceso puede demorar, o no, los jueces elegidos se encontrarán con una causa de cincuenta cuerpos que no conoce. Además de una decena de apelaciones, esperan resolución un planteo de nulidad de Menem, que cuestiona la intervención de Martínez de Giorgi, y otro de Alsogaray, que considera que ya fue condenada por los sobresueldos en el juicio por enriquecimiento ilícito. Para diciembre podría prescribir la investigación de algunos personajes investigados que nunca fueron indagados.

La causa de los sobresueldos es una de las más emblemáticas de la corrupción de los noventa. Martínez de Giorgi –quien quedó primero en el concurso para ocupar el juzgado federal donde subroga– dio por probado en uno de sus fallos que durante las presidencias de Menem se “ideó, se ejecutó y se desarrolló” un “sistema” para distribuir sobresueldos que se nutría de “dinero público”. Eran partidas para “gastos reservados”, que por ley debían usarse para gastos de seguridad e Inteligencia, pero iban a los bolsillos de múltiples funcionarios. Se calcula que fueron unos 466 millones de dólares los que se repartieron.

Guarden a los pibes, Grassi sigue libre

LA JUSTICIA LE OTORGO UN "HABEAS CORPUS PREVENTIVO"
Grassi seguirá en libertad

Julio César Grassi, el cura que fue condenado a 15 años de prisión por abuso de un menor y no fue a la cárcel, podrá por ahora seguir en libertad porque el Tribunal de Casación Penal bonaerense le otorgó un "habeas corpus preventivo" ante el pedido de la Fiscalía y la querella, que reclamaban arrestarlo.


En las últimas horas había crecido el rumor de que la Cámara Penal de Morón estaba por expedirse sobre un planteo de "detención inmediata" que habían formulado los acusadores de Grassi, con vistas a hacer efectiva la condena dictada el 10 de junio pasado contra el sacerdote.

Fue por eso que los defensores de Grassi, Martín Tipitto y Ricardo Malvicini, recurrieron a la Sala II del Tribunal de Casación para sostener que el planteo era improcedente pues la condena aún no tiene el carácter de definitivo.

Los abogados pidieron un habeas corpus preventivo ante el Tribunal de Casación Penal porque "corría riesgo la libertad" de Grassi, según el escrito.

Hoy, con la firma de los jueces Jorge Celesia, Fernando Mancini y Carlos Alberto Mahiques, la Casación bonaerense admitió la "situación de excepcionalidad" de intervenir en el caso para tratar el recurso.

En su análisis, los camaristas aseguraron que "fueron indebidamente concedidos los recursos de apelación" de la Fiscalía y las querellas para analizar si se podía detener al sacerdote.

Para Casación, "la Cámara de Morón ha asumido una competencia que excede la que legalmente tiene atribuida y podría traducirse en perjuicio del imputado, dato que, precisamente, es revelador del potencial peligro denunciado y habilita la procedencia de la acción de habeas corpus", dice la resolución.

El 10 de junio pasado, Grassi fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón, que lo encontró responsable del abuso y corrupción de un menor que asistía a la "Fundación Felices Los Niños".

El Tribunal dio por probado los hechos denunciados por "Gabriel", el primer chico que relató los abusos ante las cámaras de Telenoche Investiga, pero no acreditó como ciertas las denuncias que también sostuvieron otros dos jóvenes, "Ezequiel" y "Luis", quienes también iban al establecimiento.

Inmediatamente, la Fiscalía, que había pedido 30 años de cárcel, y las querellas, que reclamaron hasta 36 años de prisión, apelaron las condenas ante el Tribunal de Casación bonaerense y exigieron la inmediata detención.

La defensa de Grassi también reclamó la revisión de la sentencia, al sostener que su cliente es inocente de todos los cargos que se le achacan.

22 de Agosto

SE CUMPLEN 37 AñOS DE LA MASACRE DE TRELEW
Cerca del juicio



Por Diego Martínez

Con la causa elevada a juicio oral y público, cinco de los seis marinos acusados en prisión domiciliaria y el principal fusilador quién sabe dónde, se cumplen hoy 37 años de la Masacre de Trelew, el asesinato de 16 presos políticos en la base Almirante Zar, el 22 de agosto de 1972. Los actos centrales, organizados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut, se desarrollarán en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro Cultural por la Memoria, donde los militantes se entregaron luego de fugarse del penal de Rawson y perder el avión que pudo salvarles la vida.

Todo indica que será el último aniversario sin condenas. A fines de abril, el juez federal Hugo Sastre elevó la causa con seis imputados. Los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real, y el cabo Carlos Amadeo Marandino rendirán cuentas como autores de 16 homicidios agravados por alevosía y premeditación más tres en grado de tentativa, por los sobrevivientes María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de facto tras la fuga, y el entonces jefe de la base, capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la versión oficial del intento de fuga, capitán de navío Jorge Enrique Bautista, será juzgado por encubrimiento.

De los tiempos del tribunal pero sobre todo de la voluntad política de los Estados Unidos depende que el juicio incluya también al teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, jefe de turno la madrugada de la masacre e identificado por los tres sobrevivientes como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. El juez Sastre ordenó su detención el 9 de febrero de 2008. Diez días después Página/12 reveló que Bravo vivía en Florida y era dueño de RGB Group Inc, firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos y paramédicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. El marino devenido empresario jugó a las escondidas con Página/12 y también con El Nuevo Herald, que lo buscó en sus oficinas de Miami.

El proceso de detención y extradición de Bravo, que tras la masacre se refugió en la base naval de Puerto Belgrano y luego en la Agregaduría Naval en Washington, se realiza por medio de la Embajada de los Estados Unidos y lleva ya dieciocho meses. Las exigencias las fija el agregado jurídico de la embajada, quien primero pidió la traducción de todas las pruebas, tarea que demandó meses, y luego declaraciones complementarias y especificaciones que eternizaron el trámite. A principios de agosto trascendió que el pedido había llegado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, responsable de enviarlo al juez que deberá ordenar la captura del Ñato Bravo, quien ya tuvo un año y medio para esconderse.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia, aunque se realizaría en Trelew o Rawson. Para que el TOF confirme el inicio de las audiencias resta que la Cámara Nacional de Casación Penal caratule los homicidios como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, tal como sostuvieron el juez Sastre y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Los defensores de los imputados interpusieron el recurso ante Casación en mayo de 2008. Allí descansa desde entonces. De los seis imputados con procesamiento firme el único que cumple prisión efectiva, en la alcaidía policial de Trelew, es el ex cabo Marandino, el mismo que declaró que cuatro oficiales alcoholizados le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y el único que admitió que le ordenaron mentirle al instructor Bautista para encubrir el fusilamiento.

Maltrato y silenciamiento de testigos en el juicio por el Negrito Avellaneda

La Jueza Larrandart

Las organizaciones nucleadas en Justicia YA! realizaron ayer una conferencia de prensa para denunciar el maltrato del que están siendo víctimas los testigos por parte de la jueza Lucila Larrandart, presidenta del Tribunal que debe enjuiciar a seis genocidas por el secuestro y aplicación de tormentos a Iris Avellaneda y, también, por homicidio de su hijo. La magistrada también impidió que declararan sobrevivientes de Campo de Mayo. Una vez más, los testigos reviven su calvario de la mano de la "justicia".

ANRed - T

El lunes 27 de abril arrancó en los tribunales de San Martín el juicio que deberá condenar a seis genocidas por el secuestro y las feroces torturas a Iris Avellaneda así como por el feroz asesinato de su hijo, Floreal "Negrito" Avellaneda, un joven de catorce años. Entre los imputados están el ex general Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen, Osvaldo García, César Fragni, Raúl Harsich y Alberto Aneto.

Desde ese día, los Avellaneda, los testigos y los abogados de la querella empezaron a vivir los maltratos de la jueza. "Acá la que decide quién contesta soy yo", se le escuchó decir a Lucila Larrandart. También, la magistrada no dudó en evitar que declararan dos sobrevivientes de Campo de Mayo.

Por ello, los organismos que integran Justicia YA! denunciaron a la magistrada ante el Consejo de la Magistratura y dieron ayer una conferencia de prensa en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

- Adriana Calvo, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Convocamos a esta conferencia de prensa para hacer pública la situación que se está viviendo desde que comenzó el juicio en San Martín en el TOF N° 1 por los casos de Floreal -el negrito- y su mamá Iris Avellaneda.

La situación es muy grave, tan grave que la hemos denunciado ante el consejo de la magistratura, y estamos esperando una respuesta de ese organismo que lo iba a tratar el jueves pasado. Venimos a denunciar el maltrato de la presidenta del tribunal hacia los testigos en general, especialmente a los sobrevivientes y las víctimas directas, pero también a los abogados de las querellas. Fueron notables los maltratos en la primera audiencia testimonial, cuando declararon Iris y Floreal Avellaneda, Arsinoe Avellaneda y la hermana del Negrito.

Arsinoe Avellaneda, luchadora de 81 años, dijo en esa audiencia a la jueza, luego de sufrir los maltratos de la magistrada y de la defensa:

- Señora, esto es una falta de respeto, yo no vine a que me maltraten, no voy contestar algo que ya contesté 3 veces.

La jueza le respondió:

- Acá la que decide quien contesta y quien no soy yo, y no usted!

Es muy duro decir esto, pero personalmente reviví en ese momento los interrogatorios en el campo de concentración. Me tuve que parar e irme de la sala. Me pareció una falta de respeto infinita, un abuso de poder, una desubicación histórica absoluta de la jueza, que Arsinoe contestó con toda dignidad y altura.

El maltrato se ha extendido a los abogados querellantes, a quienes la jueza intenta impedir que desempeñen su función. Lo intenta a través de los testigos que acepta y que rechaza. Lo hace a través de las preguntas que permite y no permite realizar.

El caso más claro es el que se produjo cuando nuestros abogados preguntaron a Floreal Avellaneda por qué lo estaban buscando, si sabía de otros trabajadores detenidos-desaparecidos de la fábrica Tensa, donde él era delegado gremial. La jueza prohibió esa pregunta, argumentando que estaba por fuera del objeto procesal del juicio.

Es decir que en este juicio se está investigando el secuestro y las torturas del Negrito y de Iris, y la desaparición y el asesinato del Negrito, como si fuera un delito común.

Rechazó nuestros testigos sobrevivientes de Campo de Mayo de otras épocas, cuando lo que pretendíamos mostrar es que Campo de Mayo fue un campo de concentración, y que los casos del Negrito e Iris no son hechos aislados sino parte de un plan sistemático.

Evitar esto ha sido una actitud permanente de la jueza Larrandart. No sólo rechazándolos antes de comenzar el juicio, sino que también desistió el testimonio del compañero Héctor Ratto, a quien rechazó a horas de su declaración.

- Graciela Rosenblum, Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Se trata esto como si no hubieran pasado 33 años, se impiden los análisis de contexto, cuando todos conocemos el fallo de la causa 13, que reconoce la existencia de un plan sistemático, el terrorismo de estado.

Los sobrevivientes han aportado elementos sustanciales al desarrollo de las causas, han sido las pruebas fundamentales a lo largo de todo este tiempo.

No hay por parte del Estado Argentino, ni ahora ni nunca, una actitud de desplegar una estrategia que permita saber realmente donde están nuestros compañeros, que pasó con ellos, y quienes son los responsables de sus secuestros, sus desapariciones, sus torturas.

Planteamos al tribunal reposiciones ante estas situaciones, y vamos a llegar hasta las ultimas consecuencias, porque el compromiso no es solamente con este juicio, es con la lucha contra la impunidad.

Seguimos reiterando la necesidad de que estas audiencias sean públicas, creemos que los juicios se tienen que difundir por todos los medios en forma permanente. Nuestro pueblo tiene la necesidad de saber lo que está ocurriendo allí, y es un deber hacer que esto se transforme en una acción social que permita la construcción de una conciencia respecto de lo ocurrido en nuestro país.

- Jorge Brioso, abogado de la querella de la familia Avellaneda

El tribunal está sosteniendo una incongruencia: tratar estos casos en forma aislada, como si fuera un drama penal familiar aislado, cuando son un episodio de un capítulo del genocidio argentino, que se vivió en la zona 4. Separar a Floreal de sus compañeros detenidos-desaparecidos es falsear la historia, debilitar toda la demás prueba existente sobre un campo de concentración donde pasaron 5000 personas que en su mayoría está desaparecida. La megacausa está despedazada en unos 400 incidentes, llevaría cerca de 2 siglos juzgarlos como se está haciendo ahora.

Eso es lo que intenta sostener esta jueza, por eso trata de acotar la prueba, y por eso impide que Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz, perseguido por la misma causa por la que fueron a buscar a Floreal padre, fuera considerado testigo apto. Por eso desestimó el testimonio del compañero Scarpatti, quien murió en el camino de estos 30 años de impunidad. Estos hechos de gravedad se producen cuando estamos esperando justicia hace 30 años.

Además del testimonio de Héctor Ratto, fue prohibido por la jueza el testimonio de Alberto Calvo, otro sobreviviente de Campo de Mayo, contemporáneo al secuestro del Negrito, y también perseguido por su actividad sindical.

Su testimonio fue impedido el mismo día que tenía que declarar, luego de hacerlo esperar por más de 8 horas incomunicado en la sala de testigos, y este testimonio que lleva más de 3 décadas amordazado fue vuelto a amordazar cuando él ya se encontraba de pie en el estrado, listo para prestar juramento.

- Luis Bonomi, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)

Lo que vemos es que la estrategia que está siguiendo la presidenta del tribunal no es ingenua. Justamente a estas querellas lo que se les ha prohibido es realizar preguntas que tienen que ver con una estrategia conocida del colectivo Justicia Ya, que es que los represores sean condenados por el delito de genocidio.

Todas la preguntas que hemos planteado desde la querella para demostrar que en nuestro país hubo un genocidio, son las preguntas que la jueza impide que realicemos.

No se trata de una estrategia ingenua sino que tiende a obstaculizar que este colectivo de querellantes pueda en el momento de los alegatos hacer su pedido de condena por genocidio. Es decir que prácticamente antes de dictar sentencia, la jueza está diciendo que no va a aceptar que realicemos nuestro planteo, y es algo que consideramos muy grave, junto al maltrato que está implementando sobre los testigos que han sido víctimas del terrorismo de Estado.

- Nilda Eloy, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Agrego que las excusas dadas por la jueza para impedir la declaración de Alberto Calvo en este juicio, es que él es caso en el resto de la causa Campo de Mayo.

La inmensa mayoría de los sobrevivientes somos casos en un montón de causas, dado el nivel de desguase de las mismas, y si nos van a impedir ser testigos de nuestros propios compañeros desaparecidos, ¿quién va a testimoniar por ellos?

Cobertura: Comisión de Prensa de Justicia YA! Buenos Aires

Carta abierta de Moira Millán

Carta Abierta de Moira Millán: “En la Patagonia el estado racista sigue persiguiendo"
(AW)

A la Gente de la Tierra : La semana pasada, con motivo de hacer pública la terrible represión sufrida por un pueblo en la localidad cordillerana de Corcovado en el noroeste de la provincia de Chubut, Patagonia Argentina, El gobernador de dicha provincia, Sr Mario Das Neves, vertió declaraciones a la prensa que puso sobre relieve la persecución política que todos quienes buscamos la construcción de una sociedad más justa sufrimos en esta provincia plagada de inequidad y corrupción.

Das Neves me acusa de:

1) Defender a un delincuente

2) Que soy usurpadora

3) Que he cometido muchos delitos

4) Que me disfrazo

5) Que vivo de las comunidades mapuches

6) Que debo pedirle disculpas a la familia del policía muerto.

7) Que las comunidades no me quieren


Esta patética y pobre declaración del gobernador, solo demuestra la mediocridad de
un triste funcionario.

1) No defiendo a ningún delincuente, al igual que a toda la sociedad me indigna
saber que este individuo está prófugo por la incompetencia policial y judicial, ya
que se escapó de la comisaria en donde estaba alojado, no sé me escapó a mí Sr
Gobernador se le escapó a Ud, es Ud. él que debe pedir disculpas a la sociedad y en
particular a la familia del policía muerto. Son sus policías los que han permitido
la fuga.

2) Su ignorancia y falta de conocimiento de los nuevos derechos adquiridos por los
pueblos originarios, se ve reflejado en la calificación de usurpadora que me
coloca. Piense Sr gobernador puedo yo Mapuche-Tehuelche, perteneciente a una nación
que lleva más de 20.000 años de existencia en estas tierras, ser considerada
“usurpadora”?, acaso no fue la corona española y el estado argentino después los
históricos usurpadores de los territorios de innumerables naciones originarias,
muchos de ellos arrasados por la ambición genocida de este estado racista que Ud.
representa, y que pretende me juzgue. Acaso tiene autoridad moral este estado para
juzgarme? Recuperar tierras no es un delito sr Gobernador es un acto de justicia.

3) En cuanto a mi supuestos delitos, la justicia de su estado nunca me ha procesado
ni condenado por ninguna de mis acciones, y si infringir una norma que
intencionalmente se elabora para cercenar nuestros derechos es un delito, me
convertiré entonces en una delincuente, porque este estado racista, capitalista y
patriarcal, vulnera; despoja; oprime; y asesina a mi pueblo, y a todos los hombres,
las mujeres y niños que no entramos dentro de la élite privilegiada, es decir los
excluidos.

4) Ahora el señor Gobernador es crítico de moda, y se cree con conocimiento para
catalogar la indumentaria tradicional de las mujeres mapuches como “disfraz” esa
expresión Don Mario Das Neves es discriminatoria, no solo para mí sino para todas
las mujeres mapuche de nuestra Wallj Mapu, quienes hemos ido recuperando nuestra
verdadera vestimenta como una expresión de identidad. Me pregunto si hubiera sido un
gaucho con su ropa típica, el que lo hubiera dejado expuesto ante los medios de Bs
As, él diría que ese hombre está disfrazado?, cada vez que me visto con mi Kupan,
trariwe, trailonko, etc, el orgullo de ser parte de una nación que se niega a ser
esclavizada me habita en cada detalle de mi ropa, con rebeldía y dignidad.

5) Qué quiere decir el Gobernador cuando asegura que vivo de las comunidades
mapuche, a qué becas se refiere, he sido invitada a distintos países del mundo para
denunciar internacionalmente la política de empobrecimiento, despojo, y genocidio
que desde siempre y hasta el día de hoy padecemos, no solo llevó allí la denuncia
también reflexiones y propuestas de transformación profunda desde otra lógica la
lógica de la vida y no el de la muerte que empuña este sistema.

Voy a sugerir a los compas que lo inviten a él para ayudarlo a desasnarse y abrir un
poco su cabeza. Finalmente Ud. Y sus sequitos de funcionarios nos viven a nosotros,
no solo con altísimos sueldos sino también con sus negociados, yo jamás he cobrado a
a ninguna comunidad ni un centavo, recorro las comunidades a dedo, bajo la nieve, la
lluvia, o el sol abrazador, no tengo bienes porque no cero en la propiedad, no tengo
auto porque sé que siempre habrá un corazón solidario que me llevará destino, la
casa en la que vivo es la solidaridad de mi gente.

6) Ya he mencionado mi solidaridad con los familiares de los muertos del 8 de Marzo
muertes que podrían haber sido evitadas y que la sangre derramada solo mancha las
manos del gobernador y el jefe de la policía de Chubut.

7) Por último: Ud. Hace su tarea para que la gente lo quiera o por responsabilidad y
convicción?

¿Cree Ud. Que la lucha por cambiar y revolucionar este mundo opresor y destructivo
es un club para ganar amigos? Como se nota que no tiene ni principios ni ideales, su
vida solo persigue un objetivo acumular bienes materiales y poder, la mía en cambio
está entregada a un solo sueño recuperar ese mundo posible y mejor que nos legaron
nuestros kuifikecheyem, ancestros, como dice el poeta Lionel Lienlaf hacer más
respirable el aire de este mundo.

Hoy somos un zumbido molesto en su oreja moscas de consciencia que no lo dejan
dormir, pero le advierto que si algo le sucede a mis hijos, a mi entorno o a mí
persona, el zumbido se convertirá en Voces vociferando por justicia, en cada pueblo,
en cada ciudad en cada calle.

Desde la Cordillera Sur por justicia territorio y libertad

Marci weu
Moira Millan

La justicia naZional

La verdad que el tratamiento que da hoy Gobierno 12 al tema del intento de liberación de los represores es muy interesante. Mas allá de "quién" presenta la información, vale la pena leer una serie de artículos plagados de muy buena data...


LOS ARTICULOS DEL CAMARISTA SUBROGANTE GUILLERMO YACOBUCCI EN LA REVISTA CABILDO
Cosa de coherencia a lo largo de los años

Fue uno de los dos que votaron la liberación de Astiz, el Tigre Acosta y otros veinte represores. Fue en 1977 y 1978, cuando él era un joven que hacía carrera en Tribunales y Cabildo era el house organ de la represión.


Por Mario Wainfeld

Sus devotos lectores, pocos pero fanáticos, tenían sobrados motivos para esperar la revista Cabildo de agosto de 1977. El mensuario reaparecía tras dos meses de ausencia. La edición de junio había sido secuestrada por orden de la dictadura que, además, sancionó a la publicación prohibiendo su salida en julio. La reacción tenía que ver con una interna de las propias Fuerzas Armadas dictatoriales. Cabildo expresaba a (y recibía data confidencial de) un ala de los represores, encarnada, entre otros, en los generales Acdel Edgardo Vilas y Rodolfo Mujica y el comisario Ramón Camps. Enfrentaba con el furor propio de las internas a compañeros de armas que juzgaba “liberales”, les atribuía complicidades con la guerrilla, el judaísmo y otras bestias negras. José Alfredo Martínez de Hoz estaba en el banquillo de los acusados, Alejandro Agustín Lanusse ya había sido condenado. Algunos desbordes de esa doctrina colmaron la paciencia de la Junta Militar, que le aplicó una sanción piadosa, para los cánones de época.

Su señoría, colaborador de la revista Cabildo!

En agosto Cabildo volvió con todo. Su tapa se floreaba con uno de sus tópicos favoritos: mostraba a Lanusse saludando a David Graiver, acariciándole la cara por más detalle. En el editorial el director Ricardo Curutchet no lagrimeaba por el cierre: “creemos (...) que el gobierno debe actuar sintiéndose asistido por facultades discrecionales, sin complejo alguno de comportarse institucionalmente como una Dictadura”. Sí se quejaba porque Cabildo había quedado entre dos fuegos “el gobierno que la cerró y el poder judío”. Contra éste embestía sin ambages, con la prosa macarrónica propia de la derecha nacionalista vernácula.

JA!

Acdel Vilas colaboraba con una nota larga, dedicada a una obsesión de los genocidas: la subversión cultural. Con dotes premonitorias notables, el genocida anticipaba argumentos que enunció Emilio Massera en el juicio a las Juntas, replicados ante decenas de estrados judiciales: guay de ganar la guerra y perder la batalla cultural.

Menos pimpante pero congruente con el contexto, la nota de apertura de la sección internacional se interesaba por la situación en España, durante la naciente restauración democrática. “Cocineros antes que frailes” se titulaba el artículo. Aludía, como hizo Antonio Machado, a dos Españas pero vistas del otro lado. Según el autor, de pluma generosa en casticismos y en palabras tonantes, los cocineros representaban el espíritu de la República y estaban volviendo. Los frailes eran, por oposición, “los grandes arquetipos de la raza”. La praxis del rey (con minúsculas siempre), “el Borbón”, era lapidada con minucia. Pero no sólo Juan Carlos estaba en entredicho, también sus súbditos. “El pueblo español no quiere hoy a los frailes, se ha quedado con los cocineros”, plañía el columnista para luego enardecerse: “ha preferido los derechos humanos de los guerrilleros al derecho insobornable de la Patria, optó por la fastidiosa palabrería de los políticos, entregando la serena palabra de los jueces, cambió la humilde justicia de la verdad por la amnistía de los asesinos, los tribunales económicos por la usura, la soberanía nacional por la soberanía popular”. La catilinaria antidemocrática apelaba en su crescendo al clasicismo hispano: “En fin, prefirió el fondo de las alforjas de Sancho a la punta de lanza del Quijote”.

La nota, de una página, nada decía sobre las eventuales comparaciones con la Argentina, tal vez porque caían de su peso.

El autor de la nota firmaba G.J.Y. Son las iniciales de Guillermo Jorge Yacobucci, uno de los dos camaristas subrogantes de Casación que decidieron la libertad de una pléyade de represores, incluidos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, el Tigre.

Tertulias

Cabildo no tenía estructura legal en regla. Decía que la empresa era una SRL “en formación”, un rebusque convencional en publicaciones pequeñas. Disponía también de un sello de goma, el Centro de Estudios Nuestra Señora de la Merced. Bajo ese paraguas solían celebrarse las reuniones de debate político y de preparación de la revista, en una vieja casa ubicada en el tercer piso de Talcahuano 893. La construcción era noble, grandes los ambientes, en los encuentros podían juntarse entre 50 y 100 personas.

Llevaban la voz cantante Curutchet, Juan Carlos Monedero (un militante del derechista Sindicato Universitario de Derecho, a cuyo adecuado apellido debían hacerse los cheques por las suscripciones), Antonio Caponetto (el actual director de Cabildo). Varios sacerdotes ultramontanos, entre ellos autoridades de colegios confesionales, eran de la partida. Según contaron a este diario testigos presenciales, cuya identidad se reserva, Yacobucci participó en varias de esas tertulias, en un rol iniciático y promisorio. Las tenidas se realizaban para discutir “de política” o del sumario de la revista. También había intercambios con cofrades de otras latitudes. Los falangistas españoles, atribulados tras la muerte de Francisco Franco, eran invitados de honor. El ex presidente Roberto Marcelo Levingston participó en uno de esos homenajes. Yacobucci también fue de la partida. Era joven, había nacido en 1956, la cúpula de Cabildo le proyectaba un porvenir brillante.

Los informantes saben que firmaba las notas con iniciales porque, estudiante aún, aspiraba a hacer carrera en el Poder Judicial. Y las internas dictatoriales que mencionamos en el primer párrafo motivaban que él mismo y sus mentores eligieran el módico enmascaramiento en prevención de potenciales represalias.

Obras completas

G.J.Y volvió a escribir en Cabildo un año después, en agosto de 1978. En términos periodísticos, ascendió. Su columna, titulada “Un canto para la Argentina Austral”, comentaba el tema de tapa, que era la escalada bélica con Chile. La revista propiciaba la guerra, G. J. Y. le agregaba condimento a la postura editorial. Con la proverbial pulsión tanática del nazionalismo convocaba a morir por la Patria. El argumento era moral pero también rozaba una curiosa interpretación jurídica: “Nada más irrevocable que la posesión adquirida a costa de la sangre”, estipulaba. Y oponía esos títulos rojos a la chatura de los documentos. “¿Qué papel con negros párrafos y largos articulados podrá oponerse al sacrificio de quienes se han inmolado en acto supremo de generosidad por la integridad territorial?” El sistema internacional cedía ante la densidad legal de los muertos en combate: “No existe Organización, Sociedad o Pacto en el mundo capaz de hacer retroceder a los muertos del campo conquistado con su vida”. Como en todas las citas de esta nota las mayúsculas son responsabilidad estricta del autor de los originales.

Era una versión institucional pintoresca, algo traída para un hombre de leyes que iba terminando su carrera de abogado en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en 1980.

Guillermo Yacobucci ascendió peldaño a peldaño en Tribunales, integra por derecho propio la “familia judicial”, según sus recibos de haberes tiene 34 años de antigüedad. También hizo méritos académicos. Su currículo expone numerosas obras publicadas, solo y en colaboración, casi todas de derecho penal. Tiene reputación de hombre de derechas y de juez con versación jurídica superior a la media. Dirige el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral, estrechamente ligada al Opus Dei.

Llegó como subrogante a la Cámara Federal de Casación, eligió la mitad de la biblioteca que favorecía la libertad de Astiz y del Tigre. En un caso polémico, abierto a interpretaciones dispares, optó por la más favorable a los terroristas de Estado, beneficiándolos por la desidia de los magistrados. La decisión judicial no es un proceso puramente deductivo, contiene opciones valorativas y políticas.

El lunes pasado, el casador interino Yacobucci asumió que los juicios sobre el terrorismo de Estado se dilatan porque “la Justicia no marcha a un ritmo deseable”. Y, en parcas declaraciones a los medios, defendió el fallo.

Eso sí, dejó sentado que los crímenes de lesa humanidad le causan “repugnancia visceral”.

En otros tiempos, por lo visto, pensaba diferente.

Nazionalismo del más añejo

Nostálgica de cuando tenía influencia y hasta algún poder, la ahora marginal revista se mantiene firme en eso de confundir coherencia con obsesiones. Un vistazo a la historia y la actualidad de Cabildo.


Por Sergio Kiernan

La revista Cabildo es una de las criaturas más excéntricas de la derecha nacionalista argentina. Pernóstica, malamente escrita, obsesiva en inventarse enemigos, es sin embargo representativa de una vena subterránea que no tiene miedo al ridículo y sigue ahí: es la revista más antigua de ese palo.

Cabildo aparece y desaparece tanto que los radicales tenían el chiste de que sabían que iban a ganar las elecciones porque la estaban relanzando. La primera edición vio los kioscos el 17 de mayo de 1973, justo a tiempo para escandalizarse con Cámpora y despuntar una vieja fantasía del nacionalismo católico, la del complot masónico-liberal-sionista para entregar el país al comunismo internacional.



Este tipo de cosas es un artículo de fe entre los nacionalistas católicos de derecha. En 1973, lo que pasaba era que Alejandro Agustín Lanusse había aceptado llamar a elecciones por ser un criptoliberal, un masón y un sirviente de la Trilateral, el nuevo nombre del Kahal de Hugo Wast. Sólo esto explicaba que traicionara la “revolución” de esos católicos ilustres que fueron Juan Carlos Onganía y Marcelo Levingston, invitado de Cabildo en sus reuniones políticas. Curiosamente, el maoísmo había llegado a la misma conclusión y acusaba a Lanusse de ser un agente del comunismo soviético, que definía como el “verdadero dueño” de Argentina gracias a testaferros que posaban de millonarios conservadores, como Adalberto Krieger Vasena.

Para Cabildo, entonces, el pase de mando de Lanusse a Cámpora fue la misma entrega de Argentina a la subversión judía, cosa explícitamente dicha en esos tiempos felices en que no había ley antidiscriminatoria. La revista, junto a casi todo el nacionalismo, respiró aliviada con la aparición de Lastiri y la llegada de Perón al poder, el mismo año, y con el nombramiento de gente de confianza como Alberto Ottalagano y Oscar Ivanissevich en las áreas culturales y educativas del Estado. Así empezó la “limpieza”.

El golpe de 1976 fue simplemente la oportunidad de volver a sentirse en el poder para muchos del sector nacionalista, cosa que no ocurría realmente desde hacía años. Cabildo hasta se dio el gusto de jugar en las internas militares, apoyando a los “nacionalistas” frente a los “liberales”. Este azules versus colorados tardío le valió un chas chas en la colita y la revista fue retirada de kioscos y clausurada por un mes, cosa que todavía recuerdan como una epopeya heroica.

No extraña que Cabildo coincidiera ideológicamente con lo más feroz de la represión y tuviera de columnista al general Adel Vilas, un militar “pensante” capaz de leer los libros de Salvador Borrego y de escribir sobre los peligros de la subversión cultural triunfante. Este argumento resultó de larga vida y fue usado por varios militares al ser juzgados por sus atrocidades. Es así: la subversión existe y es corrosiva; usted no se da cuenta porque ya fue cooptado; los terroristas no ganaron la batalla militar, pero al convencerlo a usted de que somos malos ganaron la batalla cultural. O como decía Cosme Béccar Varela con más elegancia, “usted ya es un comunista, sólo que no se da cuenta”.

Hojear las Cabildo de los setenta permite descubrir también de dónde viene la obsesión del grupo por el Conicet. Resulta que la “cueva de terroristas” fue “limpiada” por Ottalagano, que se le entregó a gente más confiable. Varios nazis, nacionalistas y católicos falangistas con título universitario, se transformaron en investigadores rentados. Una de las tantas razones del odio desmesurado que le tiene la revista a Raúl Alfonsín fue que su gobierno terminó con esos contratos.

El staff de Cabildo muestra continuidades notables. El director fue Ricardo Curutchet hasta su muerte, acompañado de Juan Carlos Monedero como secretario de redacción y tesorero. Entre los colaboradores se puede ver, ya hace treinta años, a Antonio Caponnetto, actual director, y a plumas como el médico Hugo Esteva, profesor de cirugía en la UBA y colaborador en publicaciones afines como Patria Argentina. Ya en los setenta, Caponnetto había desarrollado el estilo farragoso y estentóreo que lo sigue destacando, y ya mostraba síntomas de la logorrea que lo impulsa a prologar cuanto libro le ponen delante. No es su culpa, en realidad, ya que sigue el estilo vueltero y lleno de exclamaciones de Curutchet.

Los veinticinco años de democracia que acabamos de cumplir no fueron gratos para Cabildo. Como el nacionalismo reaccionario, elitista y chupacirios es químicamente piantavotos –acerada definición del Perón de 1946–, sólo mojaban cuando gobernaban por la fuerza las minorías a las que influían. Así fue en 1943 y 1955, y así fue en 1966 y 1976. El sector llega a este nuevo milenio en un estado de marginalidad completa, sin la influencia cultural a la que se habían acostumbrado y pasados por derecha por otros sectores. Sólo les queda algún militar, juez o párroco, que trata de que no se noten sus convicciones.

Un síntoma de esta marginalidad es el nuevo slogan de Cabildo, “alguien tiene que decir la verdad”, y su creciente concentración en actividades más religiosas que políticas. El único ambiente donde el nacionalismo católico juega de local es ese arrabal de la Iglesia que sueña con cruzadas de limpieza y piensa que con Franco estábamos mejor. Esto explica que los nuevos héroes de Cabildo sean obispos militarizados como Antonio Baseotto y sus actos de desafío al “régimen” consistan en misas en Luján o ataques a artistas como León Ferrari.

Y también explica el vueltero hispanismo de la prosa cabildesca, donde los colaboradores firman sus notas desde “San Luis de la Punta de los Venados” o desde el “Fuerte de San Felipe de Montevideo”, escriben de tú o arman diálogos platónicos, como Aníbal D’Angelo Rodríguez, editor de cultura, sobrino de Ivannisevich y racista que se llevó racismo a marzo. Son todas muestras de senectud y marginalidad de una revista –de un sector– que supo bajar línea y ser escuchado.

De los que fabrican los autos para los ricos

Daimler: Yes, we can!.
Juicio contra Daimler SA en San Francisco (EEUU)

Gaby Weber (especial para ARGENPRESS.info)



Este martes, a las nueve, hora del Pacífico, se llevó a cabo en las salas de audiencias N º. 1 de la Corte de Apelaciones de San Francisco el juicio "Baumann contra Daimler”. Se trata de los 14 sindicalistas de Mercedes Benz en Argentina, desaparecidos durante la dictadura (1976-83).

El juicio en San Francisco en contra de la Daimler SA puede ser un precedente que podría abrir para los grupos de derechos humanos y las asociaciones de consumidores el camino a los tribunales de los EE.UU... Sólo allá, las empresas pueden ser multadas con cifras astronómicas que realmente les puedan llegar a doler. En cambio, en Argentina no sólo la causa sería prescripta si no que la multa para la multinacional sería ridícula, porque el gobierno argentino ya la fijó cuando pagó las indemnizaciones a los familiares, la vida de un desaparecido en 220.000 pesos. Multiplicado por 14 (desaparecidos), serían 3.080.000 pesos, es decir menos que un millón de dólares. Si nos acordamos que con el terrorismo del Estado, en colaboración con la empresa, la productividad en la Mercedes Benz aumentó según las palabras de sus gerentes desde el 40 por ciento al cien por ciento, se puede imaginar que un millón de dólares sería interpretado por las empresas como un incentivo para futuros violaciones de los derechos humanos. Porque les permitió aumentar la ganancia con el método.

Hace cuatro años, los abogados estadounidenses Daniel Kovalik y Terry Collingworth, apoyados por el Fondo Internacional de los Derechos Laborales, iniciaron en contra de Daimler-Chrysler una denuncia civil. Ellos acusan a la empresa, haber colaborado con los militares en la persecución de sus trabajadores y haber causado a propósito la muerte de sus obreros. Estos abogados también abrieron una causa del mismo tipo contra Coca-Cola por su cooperación con los paramilitares colombianos.

No faltan pruebas. Héctor Ratto había oído cómo el jefe de producción Juan Ronaldo Tasselkraut entregó la dirección de un colega a la policía. En la misma noche el colega fue secuestrado. Ratto lo vio de nuevo en Campo de Mayo, después no se supo más de él. La empresa denunció frente a la Inteligencia militar (Batallón 601) al miembro de la comisión interna, Esteban Reimer, como "activista”. Luego, Reimer fue también secuestrado y asesinado.

Numerosos fueron los procesos penales que están pendientes en el caso Mercedes Benz. El fiscal en Nuremberg investigó durante cuatro años contra Tasselkraut y finalmente cerró la causa porque era probado que los desaparecidos realmente fueron asesinados y que no reaparecerían. La fiscalía de Berlín se negó a iniciar un proceso contra el ciudadano alemán Tasselkraut, en cuya familia hay tres hijos que figuran como hijos biológicos y que son probablemente apropiados. Según el testimonio jurado de su director legal, Mercedes-Benz donó incubadoras a Campo de Mayo.

En Argentina cambió la situación con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner (2003). Las leyes de amnistía fueron anuladas, los juicios contra los torturadores se reabrieron, incluso el juicio contra los responsables uniformados y civiles de la desaparición de los 14 obreros de Mercedes-Benz. El presidente Kirchner recibió oficialmente a las viudas y prometió solemnemente una comisión de investigación y justicia en esta causa. Sin embargo, nunca se formó la comisión ni se llevó a cabo investigación alguna. El fiscal porteño, Federico Delgado, clausuró la causa, diciendo que sólo encontró pruebas en general contra la empresa, pero no pruebas concretas contra los gerentes. Mandó la causa al tribunal de San Martín. Daimler sigue produciendo en González Catan el Sprinter, 1.000 puestos de trabajo están en juego.

La presentación de la demanda en los Estados Unidos inicialmente parecía absurda. En un momento, cuando Kirchner se declaró en las Naciones Unidas “hijo de las Madres de la Plaza de Mayo” al mismo tiempo que George W. Bush legalizaba la tortura para su "guerra contra el terrorismo"; “Corporate América”, el lobby formado de la Cámara de Comercio estadounidense, el Instituto Americano del Petróleo y el Ministerio de Justicia hicieron una campaña en contra de la Ley: Alien Tort Claims Act.

Esta ley fue hecha en el año 1789, originalmente contra piratas, que en las repúblicas bananeras del Caribe no podían ser procesados. A partir de 1980 las organizaciones de derechos humanos reflotaron esta ley para procesar en los tribunales de los EEUU a los torturadores de América del Sur, quienes gozaron en sus países la ley de amnistía. Era una amenaza para Corporate América. No sólo se sintieron molestos por las astronómicas multas (por ejemplo contra la industria del tabaco) con las cuales los jueces norteamericanos querían proteger los derechos de los consumidores en los Estados Unidos.

Temían que ahora, esos derechos podrían gozar también los ciudadanos en su "patio trasero". Iniciaron una masiva campaña en los medios de comunicación para evitar un precedente, pero en la causa Sosa (2004) la ley ATCA fue afirmada por los jueces.

En el juicio en San Francisco se va a tratar solamente la jurisdicción geográfica. Si los querellantes ganan, se abre el juicio civil contra la Daimler SA.. Sólo entonces serán escuchados los testigos y vistas la pruebas. Si los demandantes pierden está abierto el camino a otro tribunal de otro Estado. Los Estados Unidos consisten en 50 Estados (más el Distrito de Colombia y los territorios dependientes). Se puede comenzar con Alabama y, a continuación, Alaska, Arizona, Arkansas, y finalmente, terminar en Wyoming. Tal vez haya que tener paciencia para encontrar un juez que se anime a impartir justicia en la causa de los asesinatos de los 14 obreros de Mercedes Benz Argentina.

Oxímoron: Justicia Militar

Matías Catrileo, mapuche estudiante de agronomía de la Universidad La Frontera de Temuko, recibió el jueves pasado un disparo que le ingresó por la espalda, le perforó el pulmón izquierdo y salió por el abdomen provocándole la muerte. El joven participaba, junto a comuneros mapuche, de una toma de terrenos en el Fundo Santa Margarita de Vilcún con el objetivo de recuperar tierras ancestrales.

El acusado del hecho es el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez, quien participó en el operativo policial para terminar dicha toma, en el predio del latifundista Jorge Luchsinger. En estos momentos, Ramírez se encuentra detenido en la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Temuko. "Violencia innecesaria con resultado de muerte" sería la figura penal en la acusación que la justicia castrense llevará a cabo contra el funcionario policial.

Madre de Matías

"La participación del fiscal militar asegura la impunidad de los militares"

En el 2002, en Ercilla, el comunero mapuche Alex Lemún fue asesinado por el mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer. Lemún, como Catrileo, participaba de una ocupación en el Fundo Santa Elisa de Forestal Mininco. Treuer fue investigado por la justicia militar y separado de sus funciones, pero la causa fue sobreseída en el 2004 por la Corte Marcial y el policía reintegrado a la fuerza. El fiscal militar de este caso, José Pinto Aparicio, es a quien hoy le tocará la investigación del asesinato de Catrileo

En declaraciones reproducidas en el periódico Azkintuwe, Aucán Huilcamán, werken del Consejo de Todas las Tierras, señaló que "Condenamos la acción de Carabineros de Chile. Este acto por sus características constituye una ejecución extrajudicial. Por lo mismo, exigimos una decisión ejemplar de las instituciones del Estado de Chile, que no se repita lo sucedido con Alex Lemun ejecutado en similares situaciones, en donde las instituciones policiales, administrativas, el gobierno y el sistema judicial ha torpedeado su esclarecimiento evadiendo toda sanción relativa a la justicia". Asimismo, el alcalde mapuche de Tirúa, Adolfo Millabur, afirmó: "En base a todos estos antecedentes y considerando que un proceso llevado por la fiscalía militar no es garantía de transparencia, ya que este organismo es un resabio de la dictadura militar, solicito se nombre un Ministro en Visita, que, en conjunto con la buena voluntad de la Iglesia Católica, den garantía de un debido proceso, que logre dar cuenta de lo ocurrido y que los responsables de la muerte de nuestro peñi, no queden en la impunidad".

Por su parte, el senador Alejandro Navarro aseveró que el fiscal militar "debe inhabilitarse, pues la aplicación de la justicia militar en casos en que se encuentren envueltos civiles viola el derecho al debido proceso. La participación del fiscal militar como siempre asegura la impunidad de los militares". Al tiempo que agregó que "queremos que los tribunales militares sean objetivos en el análisis de los hechos. La muerte de Alex Lemún, de Juan Collihuín, de Alberto Coliñir, ahora de Matías Catrileo y el secuestro de Daniela Ñancupil no han tenido investigación alguna de parte de la justicia militar. No queremos pensar que con esto se está tratando de asegurar la impunidad de nadie". En este mismo sentido, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de ex Presos Políticos, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Socialista, presentaron una carta a la Corte Suprema solicitando que sea la justicia civil la que intervenga en este nuevo asesinato.

"No queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad ha sido reconocida"

Los restos de Matías Catrileo fueron velados en el Hogar Mapuche Pelontuwe, ubicado en Avenida Las Encinas, Temuko. Allí se dirigieron lonkos de distintas comunidades así como representantes de diversas organizaciones mapuches. También estuvo presente la madre de Alex Lemún, Sonia Saavedra.


Mónica Quezada, madre de Catrileo
Mónica Quezada, madre de Matías, leyó un comunicado en que se afirmaba que "los familiares de Matías tenemos la convicción de que el disparo criminal proviene desde el alma de carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción como un acto ruin y cobarde. Ruin porque se hizo un uso desproporcionado de la fuerza contra un grupo de jóvenes mapuche, armados apenas con la fuerza de sus ideales. Nosotros y muchísimos más sabemos cómo se denomina a aquellos que atacan por la espalda". Y sostuvo: "No queremos más impunidad, no queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad ha sido reconocida".

Los funerales de Catrileo se llevaron a cabo ayer, sábado 5, también en la capital regional. Tal como su madre afirmó, "Matías se quedará en Temuko, en su querido Wallmapu, el País Mapuche".



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Fuente: http://www.azkintuwe.org/