jueves, 23 de octubre de 2008

De los que fabrican los autos para los ricos

Daimler: Yes, we can!.
Juicio contra Daimler SA en San Francisco (EEUU)

Gaby Weber (especial para ARGENPRESS.info)



Este martes, a las nueve, hora del Pacífico, se llevó a cabo en las salas de audiencias N º. 1 de la Corte de Apelaciones de San Francisco el juicio "Baumann contra Daimler”. Se trata de los 14 sindicalistas de Mercedes Benz en Argentina, desaparecidos durante la dictadura (1976-83).

El juicio en San Francisco en contra de la Daimler SA puede ser un precedente que podría abrir para los grupos de derechos humanos y las asociaciones de consumidores el camino a los tribunales de los EE.UU... Sólo allá, las empresas pueden ser multadas con cifras astronómicas que realmente les puedan llegar a doler. En cambio, en Argentina no sólo la causa sería prescripta si no que la multa para la multinacional sería ridícula, porque el gobierno argentino ya la fijó cuando pagó las indemnizaciones a los familiares, la vida de un desaparecido en 220.000 pesos. Multiplicado por 14 (desaparecidos), serían 3.080.000 pesos, es decir menos que un millón de dólares. Si nos acordamos que con el terrorismo del Estado, en colaboración con la empresa, la productividad en la Mercedes Benz aumentó según las palabras de sus gerentes desde el 40 por ciento al cien por ciento, se puede imaginar que un millón de dólares sería interpretado por las empresas como un incentivo para futuros violaciones de los derechos humanos. Porque les permitió aumentar la ganancia con el método.

Hace cuatro años, los abogados estadounidenses Daniel Kovalik y Terry Collingworth, apoyados por el Fondo Internacional de los Derechos Laborales, iniciaron en contra de Daimler-Chrysler una denuncia civil. Ellos acusan a la empresa, haber colaborado con los militares en la persecución de sus trabajadores y haber causado a propósito la muerte de sus obreros. Estos abogados también abrieron una causa del mismo tipo contra Coca-Cola por su cooperación con los paramilitares colombianos.

No faltan pruebas. Héctor Ratto había oído cómo el jefe de producción Juan Ronaldo Tasselkraut entregó la dirección de un colega a la policía. En la misma noche el colega fue secuestrado. Ratto lo vio de nuevo en Campo de Mayo, después no se supo más de él. La empresa denunció frente a la Inteligencia militar (Batallón 601) al miembro de la comisión interna, Esteban Reimer, como "activista”. Luego, Reimer fue también secuestrado y asesinado.

Numerosos fueron los procesos penales que están pendientes en el caso Mercedes Benz. El fiscal en Nuremberg investigó durante cuatro años contra Tasselkraut y finalmente cerró la causa porque era probado que los desaparecidos realmente fueron asesinados y que no reaparecerían. La fiscalía de Berlín se negó a iniciar un proceso contra el ciudadano alemán Tasselkraut, en cuya familia hay tres hijos que figuran como hijos biológicos y que son probablemente apropiados. Según el testimonio jurado de su director legal, Mercedes-Benz donó incubadoras a Campo de Mayo.

En Argentina cambió la situación con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner (2003). Las leyes de amnistía fueron anuladas, los juicios contra los torturadores se reabrieron, incluso el juicio contra los responsables uniformados y civiles de la desaparición de los 14 obreros de Mercedes-Benz. El presidente Kirchner recibió oficialmente a las viudas y prometió solemnemente una comisión de investigación y justicia en esta causa. Sin embargo, nunca se formó la comisión ni se llevó a cabo investigación alguna. El fiscal porteño, Federico Delgado, clausuró la causa, diciendo que sólo encontró pruebas en general contra la empresa, pero no pruebas concretas contra los gerentes. Mandó la causa al tribunal de San Martín. Daimler sigue produciendo en González Catan el Sprinter, 1.000 puestos de trabajo están en juego.

La presentación de la demanda en los Estados Unidos inicialmente parecía absurda. En un momento, cuando Kirchner se declaró en las Naciones Unidas “hijo de las Madres de la Plaza de Mayo” al mismo tiempo que George W. Bush legalizaba la tortura para su "guerra contra el terrorismo"; “Corporate América”, el lobby formado de la Cámara de Comercio estadounidense, el Instituto Americano del Petróleo y el Ministerio de Justicia hicieron una campaña en contra de la Ley: Alien Tort Claims Act.

Esta ley fue hecha en el año 1789, originalmente contra piratas, que en las repúblicas bananeras del Caribe no podían ser procesados. A partir de 1980 las organizaciones de derechos humanos reflotaron esta ley para procesar en los tribunales de los EEUU a los torturadores de América del Sur, quienes gozaron en sus países la ley de amnistía. Era una amenaza para Corporate América. No sólo se sintieron molestos por las astronómicas multas (por ejemplo contra la industria del tabaco) con las cuales los jueces norteamericanos querían proteger los derechos de los consumidores en los Estados Unidos.

Temían que ahora, esos derechos podrían gozar también los ciudadanos en su "patio trasero". Iniciaron una masiva campaña en los medios de comunicación para evitar un precedente, pero en la causa Sosa (2004) la ley ATCA fue afirmada por los jueces.

En el juicio en San Francisco se va a tratar solamente la jurisdicción geográfica. Si los querellantes ganan, se abre el juicio civil contra la Daimler SA.. Sólo entonces serán escuchados los testigos y vistas la pruebas. Si los demandantes pierden está abierto el camino a otro tribunal de otro Estado. Los Estados Unidos consisten en 50 Estados (más el Distrito de Colombia y los territorios dependientes). Se puede comenzar con Alabama y, a continuación, Alaska, Arizona, Arkansas, y finalmente, terminar en Wyoming. Tal vez haya que tener paciencia para encontrar un juez que se anime a impartir justicia en la causa de los asesinatos de los 14 obreros de Mercedes Benz Argentina.



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