Ley de medios audiovisuales

Red Eco frente a la judicialización de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual


Ante la reciente judicialización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, proceso llevado adelante e instigado por los sectores más concentrados del capital mediático, apoyado por la derecha reaccionaria y ejecutado por jueces adictos a los intereses de esas corporaciones, creemos necesario sentar nuestra posición como medio alternativo cuya razón de ser es la disputa en el terreno de la comunicación, a favor de las luchas populares, de los intereses del pueblo y de una comunicación contrahegemónica.
Para ello, es vital denunciar y enfrentar a los monopolios de la comunicación, funcionales a los intereses de quienes dominan, someten y explotan.

Hemos señalado una y otra vez la clara operación ideológica que implicaba la construcción de una falsa dicotomía Gobierno/Clarín, que clausura cualquier debate y la posibilidad de lograr una ley que verdaderamente respondiese al “espíritu” que sus impulsores le adscribían. Red Eco Alternativo, como integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), ha participado activamente de la discusión sobre el proyecto de Ley de SCA, que venía a reemplazar al Decreto Ley 22.285, sancionado por la dictadura militar, y empeorado por los sucesivos gobiernos democráticos. Hemos señalado también desde el principio las limitaciones del proyecto de ley, respecto del objetivo de democratizar la comunicación, garantizar la pluralidad de voces y el acceso a los medios de expresión. Aceptando las reglas de juego impuestas por los impulsores de la ley, participamos de foros y debates, que en muchas ocasiones consistieron simplemente en exposiciones en defensa del proyecto de ley y no en verdaderos espacios de debate.

También denunciamos que en el año 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionó el decreto 527, por el cual se benefició a las corporaciones mediáticas (entre ellas, obviamente Clarín) con la suspensión de los plazos de licencias de radiodifusión por 10 años. El mismo gobierno aprobó en 2007 la fusión entre Multicanal y Cablevisión, beneficiando una vez más al Grupo Clarín.
La mayoría de las propuestas realizadas por la RNMA no fueron incorporadas en el texto de la ley aprobada en el Congreso.

Además de la necesidad imperiosa de derogar el decreto 527/05, señalamos entre otras cosas, la necesidad de que los medios alternativos, comunitarios y populares sean reconocidos como actores con características específicas y diferenciadas, en virtud de ser organizaciones que cumplen un rol político-social fundamental dentro de las comunidades (geográficas o de intereses) en las que están insertas. En este sentido, manifestamos lo imperioso de garantizar una asignación específica del espectro radioeléctrico, mecanismos específicos de acceso a las licencias, asistencia técnica y tarifas diferenciadas para el acceso a los pliegos, trámites respecto a personería jurídica, plan técnico y financiero, etc.

Nada de esto fue incorporado, dejando a los medios alternativos, comunitarios y populares en clara disparidad de condiciones frente a actores sociales muy poderosos y corporaciones como la Iglesia, fundaciones empresariales, etcétera, que la ley denomina "prestadores de gestión privada sin fines de lucro" y con los cuales deberán competir por las licencias. Esto claramente va en contra de una verdadera democratización de la comunicación.

Sin embargo, la ley fue aprobada y sancionada, contando con un importante apoyo popular. Desde que el proyecto vio la luz, las corporaciones de medios iniciaron una campaña furiosa en contra de la ley, apoyada en operaciones ideológicas lamentables, plagadas de mentiras y falacias, y en pos una supuesta libertad de expresión, derecho que ellas vulneran sistemáticamente todos los días, mediante una agenda acotada y manipulada según sus intereses. La gran mayoría de los sectores de “la oposición” se encolumnaron detrás de esta campaña, defendiendo los intereses del capital mediático. Lo mismo hicieron las grandes plumas y las figuras más reconocidas de la prensa nacional, como verdaderos mercenarios a sueldo de los monopolios.

Son hoy esos mismos sectores los que impulsan la paralización de la ley, a través de la judicialización. De hecho, los artículos objetados de la nueva ley 26.522 son justamente los que legislan sobre la desconcentración de la propiedad de los medios. Además se cuestionan los procedimientos legislativos utilizados en su tratamiento y sanción. La decisión judicial que suspendió la aplicación de la Ley fue dictada por la misma jueza mendocina que benefició al grupo de Vila y Manzano, al impedir que canal 7 se emita en San Rafael.

Es por todo esto, y a pesar de las enormes limitaciones que encontramos a la ley actual, -limitaciones que señalamos desde un primer momento y ante las cuales realizamos propuestas concretas-, que sostenemos que es necesaria la aplicación inmediata de la Ley 26.522.

Además de ello, abogamos por su progresiva mejora atendiendo a las necesidades reales de los sectores populares y de los medios alternativos.

Seguimos denunciando la falacia que implica la construcción de la oposición Gobierno “popular”/Clarín-Monopolios, siendo que hasta hace no mucho tiempo unos y otros convivieron en una asombrosa “armonía”, y los monopolios de la comunicación se vieron largamente beneficiados, como lo señalamos más arriba.

Denunciamos también que no sólo las corporaciones mediáticas se vieron beneficiadas con las políticas de estado de los gobiernos kirchneristas. También lo hicieron –y lo siguen haciendo- las corporaciones mineras, empresariales, las multinacionales, el capital financiero y los usureros internacionales.
Mientras tanto, organizaciones populares y sindicales son perseguidas y reprimidas, y los luchadores son judicializados. La represión de luchas obreras como la de los trabajadores de Kraft, o el ninguneo de organizaciones democráticas y legítimas como el Nuevo Sindicato del subte, también dan cuenta de quienes son los “beneficiados y perjudicados” por el “gobierno popular”.

Es por todo esto que seguiremos luchando por una ley que verdaderamente combata al poder de las corporaciones que cercenan la libertad de expresión y manipulan constantemente la información para defender los intereses más espurios, que son los de la dominación y la explotación.
Es por todo esto que seguiremos luchando por una verdadera democratización de la comunicación, por el acceso plural y participativo a los medios de comunicación, por el derecho al trabajo digno, educación, salud y vivienda de los trabajadores y el pueblo.