miércoles, 7 de abril de 2010

La burguesía española contra la verdad



El juez Baltasar Garzón quedó a un paso de ser separado de sus funciones


El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el juez, lo que supone que será procesado en el momento en el que alguna de las partes presente acusación contra él. Tras esta decisión, se espera que el Consejo General del Poder Judicial lo suspenda próximamente.

Según la agencia de noticias DPA, el juez español Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por haber presuntamente prevaricado en su investigación de las desapariciones de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el juez, lo que supone que Garzón será procesado en el momento en el que alguna de las partes presente acusación contra él, según informaron hoy medios electrónicos españoles.

La resolución se notificará en las próximas horas al juez, que aún no tiene constancia oficial de la misma. Tras la decisión de hoy de Varela, se espera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspenda próximamente al juez de sus funciones.

La querella contra Garzón fue interpuesta por tres organizaciones de ultraderecha: el autodenominado sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS, heredera del partido único en el que se asentó la dictadura del general Francisco Franco.


Según los demandantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo de esta forma en un delito de prevaricación.

El Tribunal Supremo rechazó el pasado 25 de marzo el recurso de apelación que había presentado Garzón y concluyó que la causa contra él debe seguir adelante. La Fiscalía se mostró reiteradamente contraria a sentar a Garzón en el banquillo al no ver indicios de delito.

En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó a Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.

En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía.

Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente.

Garzón, de 54 años, tiene otras dos causas pendientes por prevaricación ante el Tribunal Supremo: una por unos supuestos pagos que percibió del Banco Santander para la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York y otra por la interceptación de comunicaciones de algunos de los imputados en prisión por el "caso Gürtel", el escándalo de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace un año.

El magistrado de la Audiencia Nacional, que en el marco de su ejercicio como juez instructor asestó duros golpes a ETA y su entorno, se hizo mundialmente famoso por el proceso abierto en 1998 contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y los posteriores que abrió también a represores de la dictadura argentina.

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