Desendeudamiento endeudante

Largo pero indispensable documento del EDI, que explica de manera detallada y probatoria, el carácter agónico y posibilista del progresismo.

Consideraciones sobre el canje y sus implicancias *

El gobierno se dispone a concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación y no se apoya en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas. Para quienes suscribimos esta declaración se trata de un canje nefasto.

Una vez más

Este canje es una nueva emisión de deuda para sustituir los viejos pasivos que se desvalorizaron con la cesación de pagos del 2001. Un recambio de títulos que ya se hizo en varias oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo esta vez la operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que rehuyeron el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier cobro futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada "ley cerrojo", que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción, violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.

Este canje es otra vez un gran negocio para los bancos que preparan desde hace varios años un cambio de títulos que les reporte enormes ganancias de intermediación. Comenzaron a acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por dólar, apostando que alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo lo ocurrido desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne, Hans Joerg Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó el canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la vista para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.

Solo tres bancos manejan el negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado el acaparamiento de los bonos depreciados por el default y revalorizados por la oferta del gobierno. Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un inadmisible rol de asesor del Estado y representante de los bonistas. Además, financia a la compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de Malvinas. Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran con esta depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese vaciamiento.

La operación vuelve a seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas. Para lograr un alto porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los intereses generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a otorgarse los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años se justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la actualidad se recrean como un simple regalo.

Los primeros cálculos prevén que el canje le brindará a los acreedores que acapararon títulos un beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica la euforia de los mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la disminución del riesgo país. Todo indica, además, que las comisiones de los intermediarios serán más elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro "no corre a cuenta del Estado, sino de los bonistas", pero todo el intercambio de papeles se paga con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda pública.

Para ocultar este perjuicio el ministro de Economía se ha declarado vencedor frente a los fondos buitres ("los aislamos y les quitamos capacidad de litigio"), en realidad solo quedaron fuera del ring los especuladores marginales. Los principales buitres son los grandes bancos que acapararon títulos y que han sido bendecidos por el gobierno para comandar el negocio.

Una justificación innecesaria

El objetivo del canje es eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los compromisos pendientes con el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de convivencia con el FMI. Esta sucesión de medidas es presentada como una "normalización" de la situación financiera internacional, que dejaría atrás la pesadilla del default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país por su pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables de esos desastres. Como la consigna del momento es "volver al mercado internacional" se omite la responsabilidad primordial de los especuladores en la cesación de pagos.

Con un nuevo disfraz patriótico se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a ser "creíbles y confiables", es decir pagadores puntuales de compromisos que favorecen a los banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros. En este clima plantear no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado "demagógico" e "irrealista" y cumplir con los especuladores es sinónimo de seriedad. Nuevamente hay que estar atento a la "actitud de los mercados" y alegrarse si aprueban las iniciativas oficiales.

Pero lo más novedoso es que el pago de la deuda se ha transformado en un "proyecto progresista". Tradicionalmente los gobiernos cumplían esta obligación en silencio y disimulando sus consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica con grandilocuentes justificaciones. Se afirma que permite "recuperar autonomía", cuando es evidente que el incremento de los compromisos externos genera dependencia. El mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma total y anticipada los pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese increíble pago se ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de endeudamiento.

La operación en curso es totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la economía para una política económica de mejor distribución del ingreso pueden ser plenamente recaudados con ahorro interno. En EDI sostenemos que este autofinanciamiento es totalmente factible a condición de suspender los pagos actuales de la deuda, frenar la fuga de capitales, instaurar el control de cambios y un monopolio estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit fiscal se ha reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache revisando también el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los subsidios a las grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en base a declaraciones juradas de los beneficiarios.

Para nosotros es también el momento de cubrir las insuficiencias fiscales con una reforma impositiva progresiva que comience gravando las rentas extraordinarias exentas, especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre quiénes mayor capacidad contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de inmediato al área de la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes patronales de las grandes compañías.

Pero como lo confirma la reciente discusión sobre la ley del cheque, no pareciera existir la menor intención por parte de los partidos mayoritarios de enfocar el problema en estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se vuelve al endeudamiento que tantas veces arruinó a la Argentina.

Pretextos y fantasías

Los partidarios del canje afirman que la situación de la deuda ha cambiado significativamente, aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los años '80 y '90. Es un tema discutible, Pero, aún si así fuera, justamente este giro confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al endeudamiento.

Es cierto que los pasivos totales del sector público pasaron de 139% del PBI (2003) a 49,1% (2009). La deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha y en la actualidad se ha reducido al 120%. También se registró un achicamiento de los compromisos externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003) a 81% (2009). Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen como grandes triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del endeudamiento con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los porcentajes con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda mitad de la década del '90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El aumento de la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default del horizonte inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda se amplió, de 6,9 años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los servicios de capital e intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por otra parte, con posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha recomenzado.

No es ocioso recordar que estas modificaciones fueron el resultado de la brutal catástrofe producida por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos y pasivos de la economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje del 2005, ni de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías populares. Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación asimétrica, la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la miseria. Es necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la repetición de un ciclo de endeudamiento.

Hay economistas que afirman que el país "no tiene dificultades de pago", que mantiene un "perfil sostenible de la deuda", que ésta "no obstaculiza ya el desenvolvimiento de la economía". Pero si este diagnóstico fuera cierto, el canje carecería por completo de sentido. No habría ninguna razón para implementar una refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que el endeudamiento es indispensable, pero que esta vez "no será gravoso". Al contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en toda la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría ubicado muy por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto fuertes erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda, sus servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus vencimientos futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata como sucedió en el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto plazo), sigue siendo un problema y, año a año, miles de millones de dólares que podrían tener mejores destinos van a engrosar los bolsillos de los grandes especuladores.

Basta observar la dramática situación que afrontan actualmente las economías de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán vulnerables son los países dependientes ante una eclosión financiera internacional. Argentina no está en el centro de este colapso porque ya soportó los brutales efectos del temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de endeudamiento volverá a quitarle protección frente a un nuevo vendaval.

Suele afirmarse que el alto endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha quedado reemplazado por pasivos más controlables en moneda local (46% del total). Pero la historia reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica que la sustitución de una tiranía financiera foránea por otra interior, no reduce los padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado que su colega externo.

Pugnas políticas y coincidencias de fondo

El canje se implementa al cabo de varios meses de intensas disputas entre el gobierno y la oposición que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC. Ambos sectores coinciden en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado duramente por la forma de implementar esta operación y sobre todo por definir quién será la autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los financistas.

Mientras disputaban ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación, unos y otros bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la auditoria que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la transacción.

La derecha aprueba plenamente el canje, pero propone combinar el endeudamiento externo con una reducción del gasto público, para poner en marcha una versión más tradicional del ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto del Banco Central que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña para "cuidar las reservas". Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le toco gobernar.

Con la siniestra bandera de "la autonomía del Banco Central", defendió en los hechos el manejo de esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este organismo continúe custodiado por un puñado de financistas y asegure las reservas como garantía de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta Orgánica que le asegura al BCRA poderes propios y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.

Repitiendo lo ocurrido con los principales conflictos de los últimos meses (ley de medios, revisión de las retenciones, reforma política, televisación del futbol,) el gobierno volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó nuevamente la atención pública se ha perdido de vista la coincidencia central de los dos bandos en torno al canje.

Esta convergencia fue anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda al FMI mediante los ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el año 2005 el ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de adversarios, que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia republicana de la Constitución.

Esta misma convergencia se ha verificado en torno al canje, refutando la impresión que en la Argentina "volvió el debate político". Es completamente falso que se a retomado el debate sustancial en desmedro de la chicana y los fuegos de artificio. Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre las formas ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su política de pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de esta erogación.

Nuestra perspectiva

Los cambios operados en las últimas décadas en la composición de la deuda pública (interna y externa) y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados) han complejizado la respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y renovar nuestras propuestas programáticas para general una real alternativa.

Desde nuestra perspectiva un primer paso para la construcción de un programa alternativo pasa por la inmediata suspensión unilateral de los pagos. La deuda ya no está, como en los '80, directamente nominada y fácilmente observable en manos de un puñado de bancos. Por el contrario se encuentra dispersa en una gran variedad de bonos en manos de diferentes acreedores. Distintos trabajos difieren sobre el grado de concentración de esos bonos. Pero el sólo hecho de que los tres bancos a cargo del canje puedan "asegurar" con facilidad porcentajes de aceptación del 75% o más reflejan que una importante cantidad ya no está en manos de los tenedores originales sino de quien los ha adquirido fuertemente desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la crisis post-2001. A esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la suspensión que proponemos.

Reconocemos que en el caso de bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas, corresponderá reconocer y pagar esos compromisos. Proponemos entonces un censo y las verificaciones necesarias a tales efectos.

En nuestra consideración merece un análisis particular la deuda interestatal, particularmente la del ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las provincias. Se deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en poder de esos organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del ANSES. En este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los servicios de la deuda.

Respecto de la deuda comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra pública, etc.), proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda propiamente comercial de la financiera y separar los fraudes de los contratos en regla.

Un segundo paso es la investigación. Esta investigación resulta necesaria para recrear la memoria histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años de la dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los genocidas, servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron los banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.

Asimismo permitiría volver a poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas las empresas públicas a endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes fueron los beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace necesario retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo el fallo del Juez Ballesteros en el año 2000. La Presidenta afirmó que no se puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar los juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las pruebas y testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan imprescriptible como la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos obedecieron a las mismas razones.

Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a esta investigación porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.

Las principales irregularidades abarcan a los años '90 (Plan Baker, capitalización de la deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del 2001, como también sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a Domingo Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el Juzgado Federal nº2.

Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y el 75% del déficit fiscal de ese período es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios, que compromete todo ese periodo.

Para evitar esta indagación existen varios proyectos del oficialismo y la derecha para poner en marcha alguna investigación parlamentaria sólo del pasado dictatorial. En otros casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con comisiones que no llegan a ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier reflexión sobre el presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es auditar el comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde y también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también el actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.

Lo que importa de la deuda no es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino también el enjambre de intereses capitalistas que continúa lucrando con el esfuerza de las mayorías populares. Es por eso también absurdo separar el "aspecto jurídico" de la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados) del "aspecto económico" del canje (que debe continuar avanzando en manos de los banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.

Nuestra propuesta implica constituir una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por personalidades del país y del exterior de intachable trayectoria y organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos humanos). Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.

Pero todos estos planteos deben articularse con iniciativas de mayor importancia en otros campos. Es clave el debate sobre iniciativas complementarias como el uso de las reservas. Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y deben utilizarse, pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, financiando proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la generación de puestos de trabajo.

Para nosotros es decisivo avanzar en la reforma financiera, nacionalización de la banca y en la relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a favor de la gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano de América Latina.

Son todos los debates que abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de aguas entre una ruptura popular o la recreación de la pesadilla de la deuda.

Buenos Aires, abril de 2010

* EDI ECONOMISTAS DE IZQUIERDA

Claudio Katz, Guillermo Gigliani, José Castillo, Jorge Marchini, Eduardo Lucita, Alberto Teszkiewicz,

Adhieren: Guillermo Almeyra / Alejandro Olmos Gaona / Julio Gambina

Salario, precio y ganancia

Click para ampliar

Costos laborales
Por Alfredo Zaiat

El trabajador, cuando evalúa el nivel de su sueldo, lo hace en función de lo que puede comprar con ese dinero. Su poder adquisitivo de bienes y servicios está vinculado directamente con los precios, que son fijados por las empresas. Por ese motivo lo único relevante para el asalariado es el recorrido del índice de inflación. Ese indicador es la base para comenzar la negociación de sus ingresos, con la legítima aspiración de obtener unos puntos por encima para mejorar su salario en términos reales. Para el empresario la retribución a los trabajadores es un costo. Ese costo laboral constituye uno de los costos de producción y su nivel es un factor importante para determinar la rentabilidad empresaria y la competitividad de la producción doméstica. Pero el costo laboral no es el único, sino que es uno más de los que se contabilizan en el proceso de producción. El costo total no tiene una única relación con el Indice de Precios al Consumidor, como sí sucede entre el trabajador y su salario real. Además del costo laboral, el empresario debe incluir como variables de referencia para analizar su estado de situación las contribuciones patronales, el tipo de cambio, los precios de los insumos de producción y la productividad. Si se incluyeran esas otras variables, la comprensión de la dinámica de la negociación salarial sería más amplia y se podría empezar a alejar el miedo de la inflación asociada a reclamos salariales, fantasma al que convocan dirigentes empresarios y sus funcionales economistas de la city.

Mafia

El capital mafioso contra los pueblos

Raúl Zibechi
La Jornada


Una de las consecuencias de más largo alcance de la crisis económica en curso es la potenciación de las actividades mafiosas como modo principal de acumulación de capital y, por tanto, de la financiación de las enormes deudas de los estados. En rigor, no es novedad que los negocios sucios sean una de las principales fuentes de ganancias de las multinacionales y de los estados. Lo nuevo es que la crisis refuerza esa tendencia del capital desde que a comienzos de los 70 el sector financiero sustituyó a la producción como motor del sistema.

Por supuesto, esto no sucede sólo en momentos de crisis. Desde que el capital se volcó al robo, la especulación y el pillaje de la naturaleza, de los pueblos, de naciones enteras y de otros capitales, en lo que se ha dado en llamar "acumulación por desposesión", la diferencia entre dineros legítimos o legales y los ilegítimos e ilegales se ha difuminado rápidamente. Los ejemplos abundan. El Grupo de Trabajo de Alta Mar (High Seas Task Force) denunció que en 2005 había 800 barcos pesqueros que realizan pesca irregular en aguas de Somalia, país que no puede controlar la depredación de sus costas. Los pesqueros españoles capturan 200 mil toneladas anuales de atún de modo ilegal en Somalia, aportando 40 por cientro del consumo doméstico.

Sin embargo, la Unión Europea regula cuidadosamente la pesca en "sus" aguas. Esta misma semana, luego de arduas negociaciones, se levantó la veda de cuatro años y medio para la pesca de la anchoa en el mar Cantábrico, admitiendo sólo la captura de 7 mil toneladas anuales, restringiendo severamente zonas de pesca con la amenaza de revisar los permisos. Toda Europa regula la pesca en sus aguas: la del bacalao estuvo prohibida durante 10 años en el Atlántico norte.

Cuando el tsunami de 2004, aparecieron en costas de Somalia contenedores de basura tóxica que habían sido arrojados en secreto al mar. "Europa, a través de la mafia italiana, se deshace de residuos tóxicos en aguas somalíes", señala un informe de Ecologistas en Acción. En el viejo continente cada tonelada de residuos tóxicos que se procesa cuesta entre dos y tres mil euros, pero verterlos en Somalia vale apenas dos euros y medio.

Por no hablar de Barrick Gold, multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo. Sus negocios en Sudamérica ya representan 47 por ciento de sus reservas probadas y probables. Diversos estudios sostienen que Adnan Khashoggi fue fundador de Barrick Gold y quien realizó la inversión mayoritaria junto con amigos que “organizaban el trueque de armas y drogas entre Irán, Israel y Nicaragua, que condujo en 1986 al escándalo de Irán y los contras”. Khashoggi tiene estrechos vínculos con Peter Munk, presidente de Barrick, y éste con George H. W. Bush. Barrick, junto con otras multinacionales mineras, fue responsable de la guerra de Zaire en 1997 que se saldó con 3 millones de muertos para apoderarse de las mayores reservas mundiales de coltan, mineral clave en el mundo de la electrónica.

El Nobel Alternativo 2004, Raúl Monenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, denunció las amenazas de muerte que reciben periodistas de la provincia de San Juan, Argentina, por decir la verdad sobre el impacto ambiental que provoca la minera canadiense Barrick Gold. Agregó que varios periodistas "sufren censura previa o son desplazados de sus programas por abordar pluralmente los daños ambientales que provoca la empresa minera". La multinacional impidió también la presentación en Canadá de un libro que denuncia sus atrocidades en África.

Esta semana la prensa británica informó que el director de la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, Antonio María Costa, aseguró que el capital proveniente de la delincuencia organizada fue "la única inversión de capital líquido" en el segundo semestre de 2008, que estuvo a disposición de los bancos al borde del colapso. Se trata de 352 mil millones de dólares de las ganancias del negocio de las drogas que contribuyeron a salvar la situación en plena crisis de liquidez del sistema financiero. "El dinero de las drogas", dijo Costa, "se convirtió en un factor importante" para muchos bancos, lo que permite pensar que el capital financiero es cada vez más capital mafioso.

El tema tiene dos derivaciones para quienes queremos cambiar el mundo. La primera es constatar que el robo y destrucción del medio ambiente y de los pueblos es hoy la principal forma de acumulación de capital. Esto quiere decir que el expolio se intensificará porque es el camino más rápido para salir de la crisis. Cuando Estados Unidos y sus aliados hablan de combatir narcotráfico y terrorismo debe entenderse que se proponen destruir otros capitales, mafiosos o no, como forma de seguir concentrando riqueza. Y poder. Pero esa misma actitud los convierte en mafias institucionales toda vez que recurren a los mismos métodos.

La segunda cuestión tiene que ver con el tipo de régimen político adecuado para proteger y estimular el pillaje. Se trata de regímenes electorales que permiten la rotación de los equipos dirigentes, pero bloquean cambios estructurales. Se trata de democracias tuteladas por el poder blando de los medios masivos de comunicación que condicionan la agenda política, y por el poder duro del imperio, el capital financiero y las multinacionales. El Estado ha sido modelado y desbordado por el capital mafioso; no podrá ser la palanca principal de los cambios necesarios.

Se avecinan tiempos difíciles. El capital mafioso, hegemónico hoy en una América Latina que no sale –no puede o no quiere– del modelo extractivista (minería y monocultivos), necesita estados a su imagen y semejanza, lo que explica las razones por las que algunos aparatos estatales naufragan en la impotencia. Una agudización de un problema histórico que merece debates que orienten la acción colectiva.

A alambrar canciones

La privatización del dominio público: un proceso silencioso

Beatriz Busaniche
La NaZión


Un comunicado de prensa publicado en el sitio de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) informa de que el 10 de noviembre pasado, la comisión de Legislación del Senado firmó el dictamen que da curso al proyecto del senador Miguel Ángel Pichetto y otros, que contempla la ampliación de los plazos de protección de los fonogramas y de las interpretaciones y ejecuciones musicales fijadas en fonogramas. El proyecto propone extender los plazos de protección de fonogramas a 70 años contados desde su publicación, con el fin de "mejorar la tutela de la producción musical argentina y acrecentar el derecho de los intérpretes con alcances no sólo locales sino mundiales".

Esto significa, en resumidas cuentas, extender el monopolio de los fonogramas por 20 años más que lo que manda la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) . Esto significa también, posponer en 20 años más, la entrada de este acervo cultural en el dominio público.

Sería importante que nuestros legisladores recordaran algunos principios importantes que hacen al bien común que deben defender desde sus bancas. El dominio público no es un mal ni es tierra de nadie: el dominio público es el acervo cultural de una Nación, es aquel espacio en el que ya nadie puede impedir a otros el acceso a la cultura. Para citar sólo algunos elementos importantes reconocidos en Naciones Unidas, la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información , firmada por Argentina en 2003, dice, entre otras cosas que :

(art.26) "Un dominio público rico es un factor esencial del crecimiento de la Sociedad de la Información, ya que genera ventajas múltiples tales como un público instruido, nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales y el avance de las ciencias. La información del dominio público debe ser fácilmente accesible en apoyo de la Sociedad de la Información, y debe estar protegida de toda apropiación indebida . Habría que fortalecer las instituciones públicas tales como bibliotecas y archivos, museos, colecciones culturales y otros puntos de acceso comunitario, para promover la preservación de las constancias documentales y el acceso libre y equitativo a la información".

El proyecto de Ley del senador Pichetto va exactamente en el sentido contrario de lo que los países firmantes de esta declaración fijan como principios para la construcción de Sociedades del Conocimiento inclusivas, democráticas y equitativas.

"Actualmente, la caída en dominio público de los fonogramas está teniendo nociva repercusión en el efectivo ejercicio de los derechos de intérpretes y de productores de la ley 11. 723 (denominada de "Propiedad Intelectual") y de las Convenciones Internacionales de las que Argentina es parte", dice el comunicado de CAPIF.

El argumento de que el dominio público perjudica a los artistas tiene nula prueba empírica. Vale decir, como mínimo, que muchos artistas fallecidos como Mercedes Sosa o Atahualpa Yupanqui, difícilmente se verán perjudicados por la difusión de su obra.

Los monopolios sobre la cultura tienen como principio rector el fomento de la producción artística y son una herramienta para ese fin, y no el fin en si mismo. El objetivo esencial es que las sociedades cuenten con un acervo cultural amplio, rico, diverso y accesible para el bien común. No tendremos más obras de Don Atahualpa o de Mercedes Sosa por extender este monopolio. Sin embargo, sabemos fehacientemente que la extensión alejará aún más a miles de personas del goce de su arte.

Un reciente documento publicado por el economista principal de la (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Carsten Fink , da cuenta de que en el caso de los derechos de autor, un fortalecimiento de la observancia provoca la expulsión de las personas de la posibilidad de acceder a cultura. En un escenario de mayor regulación y observancia, los que no pueden comprar las obras, simplemente no acceden. Esto significa que la profundización de las leyes de "propiedad intelectual", lejos de promover el acceso a la cultura, la restringen cada vez más, dejando a más personas fuera del mercado de consumo. El mismo Fink explica en el trabajo publicado a principios de noviembre que cuando una ley no sirve al bien público, no debe ser violada, sino cambiada.

Está claro que el proyecto del senador Pichetto tiene buenas intenciones y está plagado de terminología de legitimación para supuestamente proteger a los artistas nacionales. Sin embargo, cuando se trata de reducir el dominio público a través de la privatización de lo que se considera un bien común como la cultura, la extensión de los monopolios debe ser excepcional, y como mínimo, puesta a discusión pública más allá de las partes interesadas como la industria o los herederos de artistas fallecidos.

Un estudio publicado recientemente por Times On Line del Reino Unido , indica que la industria de la música está cambiando, pero que los artistas están incrementando sus ingresos con los nuevos modelos de distribución y consumo. Si bien la tasa de venta de discos está en baja (lo que afecta en algún sentido a la industria del disco como tal), los ingresos de los artistas por recitales, patrocinadores, distribución en Internet y otros medios de comercialización de su trabajo han ido creciendo a la par de la caída de la venta del soporte CD. El estudio demuestra que ni la distribución por Internet ni el dominio público afectan a los artistas, más bien todo lo contrario y que son las grandes empresas discográficas las que están detrás del fortalecimiento y la observancia de la "propiedad intelectual".

Muy poco se habla de cómo afecta al bien común la aplicación de mayores restricciones a la cultura: el economista principal de la OMPI lo tiene muy claro, al explicar en su documento sobre observancia, que un sistema más represivo en el campo del derecho de autor excluye a quienes no pueden pagar del acceso y en consecuencia es dañino para el bien común.

* La autora es secretaria de la Fundación Vía Libre , una organización civil acreditada como Observadora ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El opio de la economía

La economía de la droga

Por Alfredo Zaiat

La producción de la materia prima, elaboración y comercialización de estupefacientes prohibidos por ley es una actividad económica. El análisis de ese mercado, a diferencia de otros muchos, está dominado por conceptos generales acerca de la moral y cuestiones vinculadas con la salud. Estos dos aspectos son tan potentes en el debate cotidiano que queda postergado el entendimiento sobre el modo de desarrollo de ese sector de la economía. No se trata de la presentación de estimaciones millonarias de un negocio ilegal, sino de saber cómo funcionan las leyes económicas, lo que permitiría una comprensión y acción más abarcadora que la que ofrece el discurso conservador. No es un tema moral acerca de cómo a las personas les gustaría que funcionase el mundo, sino de conocer las características de la economía de la droga. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal brinda la oportunidad de acercarse con un poco menos de prejuicios a una actividad económica que ha mostrado un creciente dinamismo en las últimas décadas.

Por esas paradojas de la corriente conservadora, destacados representantes del liberalismo han ofrecido los argumentos económicos más contundentes sobre los beneficios de la legalización del negocio vinculado con la producción y comercialización de drogas prohibidas. Su referente moderno, Milton Friedman, ha sido uno de los principales economistas que enfrentó las pasiones del pensamiento dominante represivo. En una entrevista que le realizaron en 1991 en el Foro Americano sobre Drogas, un programa de debate nacional sobre asuntos públicos, afirmó que “si se observa la guerra contra las drogas (se refiere al gobierno de Estados Unidos) desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cartel de las drogas. Esta es la realidad, literalmente”. El periodista le preguntó: “¿Lo hace bien?”. El Premio Nobel de Economía contestó: “Excelentemente. ¿Qué quiero decir con esto? En un libre mercado normal hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo esencialmente lo hacen enormemente costoso. Así que la única gente que puede sobrevivir en ese negocio es ese tipo de gente como el cartel de Medellín, que tienen suficiente dinero como para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así. Además de eso, al no permitir esos productores y arrestar, por ejemplo, a los cultivadores locales de marihuana, el Gobierno mantiene alto el precio de esos productos. ¿Qué más querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es como estar en el cielo”. Para ejemplificar la situación, Friedman afirmó que “ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición del alcohol”.

En enero de 1920 la National Prohibition Act o Volstead Act (conocida vulgarmente como ley seca) no prohibió el consumo, pero sí la fabricación, transporte y venta de bebidas que superaran los 0,5 grados de graduación alcohólica. “Se trataba de poner en marcha lo que se denominó el ‘noble experimento’ con el fin de planificar una sociedad conforme a los criterios morales de la clase dominante de aquellos años”, explica Francisco Moreno en un artículo publicado en liberalismo.org. Se tuvo que impulsar un enmienda (la Nº 18) de la Constitución de EE.UU. para instrumentar esa norma. Para cumplir con esa ley se creó una agencia ejecutiva específica llamada Bureau of Prohibition, dependiente del Departamento del Tesoro. Sus agentes federales eran conocidos con el nombre de prohi’s; con el tiempo pasaron a ser controlados por el Departamento de Justicia. Moreno detalla que “esa prohibición tuvo efectos perversos en el interior del país: se encareció el precio de la bebida, cientos de miles de personas comenzaron a fabricar artesanalmente bebidas alcohólicas, se fomentó el mercado negro, muchas veces con bebidas sustitutivas adulteradas o altamente tóxicas. Se incrementó el consumo de licores destilados en detrimento de cervezas o vinos, así como la demanda de otras drogas anteriormente poco consumidas. Se extendió la delincuencia y fue el comienzo de la puesta en pie de un colosal imperio criminal de bandas organizadas como nunca antes se había visto en la historia de los EE.UU.”. Ese desarrollo económico tuvo su origen en el excedente adicional generado por la fijación de un precio por encima del equilibrio de un bien demandado, similar a una renta “monopólica” en este caso alimentada por el plusvalor originado en el riesgo de violar la prohibición.

En la mencionada entrevista a Friedman le comentan que “hay quienes dicen que cuando desapareció la prohibición, el consumo se incrementó enormemente y que eso sería...”. Friedman interrumpe y dice que “eso sencillamente no es verdad. Las cosas no fueron así. Existen cifras estadísticas en publicaciones acerca de la cantidad de alcohol consumida. Esas cifras suben abruptamente inmediatamente después de la época de la prohibición, pero se refieren al consumo ‘ilegal’ de alcohol. Si tomamos, como he hecho, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos adonde estaba y durante el período posterior si se ha movido ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos”. Según un estudio de la Universidad de Columbia, en vísperas de la Volstead Act (1919) el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en los EE.UU. era de 6 litros al año. En 1921 bajó a medio litro aproximadamente, pero a lo largo de los años siguientes esa media fue progresivamente aumentando hasta alcanzar los 5 litros a inicios de los años ’30. Esto es casi a los mismos niveles previos a la prohibición.

La administración Nixon declaró una guerra sin cuartel contra las nuevas y viejas drogas aprobando la Drug Abuse Prevention and Control Act de 1970, que prohibió toda una serie de drogas casi con las mismas razones enarboladas durante la ley seca. Se creó un estado generalizado de persecución contra dichas sustancias que influyó en todos los demás países para que endurecieran las penas contra su comercio y consumo y para que se creasen brigadas específicas contra los estupefacientes. Nixon impulsó la redacción de la Convención Internacional de la ONU de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas. La unanimidad de los gobernantes de aquellos tiempos en la prohibición de los estupefacientes fue abrumadora (no importando la ideología política o religiosa) y subsiste hasta hoy.

El resultado de esa política es resumido por el semanario conservador The Economist, en un artículo publicado el 5 de marzo de este año: “La prohibición ha fracasado, la legalización es la solución menos mala”. Después de un documentado recorrido sobre la fallida acción mundial en los últimos cuarenta años en la guerra contra la droga, The Economist concluye que “la legalización no sólo expulsará a los delincuentes, sino que sería transformar el tema de las drogas de un problema de ley y orden en uno de salud pública, que es como deben ser tratados”. Concluye que los gobiernos así recaudarían impuestos y deberían regular el comercio de drogas, además de aplicar los fondos obtenidos (de las cargas tributarias sobre la droga, como hoy sobre el cigarrillo y las bebidas alcohólicas) y de reasignar los inmensos presupuestos del combate al narcotráfico para educar a la población sobre los riesgos del consumo de drogas y para tratar las adicciones.

Algo de data sobre la Barrick

Afiche Peruano contra la Barrick

Barrick Gold es una empresa canadiense, con sede en Toronto y su propietario es Peter Munk un Húngaro refugiado del nazismo con 82 años de edad.

Este señor tiene larga historia de conecciones muy importantes en el ámbito de las altas finanzas mundiales.

Uno de sus socios ha sido N. Rothschild,de la familia de usureros mas grande que el mundo ya conoció.

JGalíndez me dejó el comment que reproduzco en forma de post, data que yo no chequeé, asique a su autor os remito:

Se comenta que Barrick tiene negocios junto con Bronfman (familia propietaria de Seagram y Edgar Bronfman tiene como testaferro a Eduardo Elzstain en Argentina para sus negocios alrededor de IRSA/Banco Hipotecario y otros grandes proyectos en el agro-negocio):

"The links between Executive Outcomes and Ranger Oil point to operational ties with the Bronfman family of Canada,
whose scion, Edgar Bronfman of Toronto Broncorp, sits on the board of directors of Ranger. Recently, the Bronfman
family merged its mammoth real estate firm, Trizec, with Barrick Gold, whose senior advisory board includes Sir
George Bush. Barrick Gold is deeply involved in northeastern Zaire, where it has purchased 83,000 square
kilometers of land. Zairean sources report that the so-called Zairean rebel Laurent Kabila is no more than a
mercenary for Barrick and Anglo American Corp., sponsored by the British Crown-backed Ugandan and Rwandan
militaries. Executive Outcomes, {Le Figaro} and other sources further verify, is deeply entrenched in Uganda, the
key British marcher-lord state in the region."
Extraído de:

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=116x8436

Al inicio de la década del 60 ,Munk era un simple fabricante de equipos estereofónicos(una novedad en su época),tiene un diploma de ingeniería eléctrica y estaba pasando malos momentos financieros(eso a pesar de haber llegado con "una mano atrás y otra adelante") y adivinen quien lo catapulta a las altas esferas especulativas: Adnan Khashoggi


"How did he go from busted stereo maker to demi-billionaire goldbug? The answer: Adnan Khashoggi, the Saudi
arms dealer, the “bag man” in the Iran-Contra arms-for-hostage scandals. The man who sent guns to the ayatolla
teamed up with Munk on hotel ventures and, ultimately, put up the cash to buy Barrick in 1983, then a tiny
company with an “unperfected” claim on the Nevada mine….”

Este adinerado "árabe" en la realidad es un judío con vínculos súper estrechos con el Mossad y es viejo conocido en la Argentina Menemista de Al Kassar...

Otra interesante pista sobre las actividades de este Munk, son los que giran alrededor del cartel creado para controlar el precio del oro por medio de manipulaciones financieras denunciadas por una empresa numismática junto a la GATA contra Barrick Gold.

Además, aparentemente hay un muy sospechoso vínculo entre Barrick,Kashoggy y Bronfman con los hechos del 11 de septiembre de 2001...

"...An investigation into the Deutsche Bank connection to the terrorists would have demonstrated that at the heart of the connection was a need to cover-up probable illegal gold movements. Moreover, the names of two banks (JP Morgan and Deutschebank) and three individuals (George Bush Sr., Adnan Khashoggi and Edgar Bronfman) reported to be involved in these probable illegal gold movements are linked to a single gold company: Barrick. These names are not linked as a group to any other gold company. These individuals, along with Sheik Kamal Adham, (the former head of the Saudi intelligence agency and a regular business partner of Khashoggi) have been widely reported as involved with responsibility (but not convicted) in money laundering schemes and illegal gold movements..."

Extraído del:
Heidner Report on 911 -- Covering a Bigger Crime

Crisis qué crisis?

Un interesante análisis del lider supremo e inamovible del PO

La "salida" capitalista a la bancarrota capitalista

Jorge Altamira



En la reciente zafra de balances trimestrales, una mayoría de industrias norteamericanas ha revelado ganancias “mayores a las esperadas”. En medio de la crisis mundial, el "enigma" tiene mucho de parecido a los superávit comerciales que registran numerosas naciones "emergentes" que, sin embargo, están exportando menos: ocurre que importan mucho menos aún.


Así, las empresas en cuestión también venden muchísimo menos, como resultado de la crisis, pero sus ganancias derivan de un recorte “furioso” (textual de los diarios) de costos. Aunque han "ahorrado" fuerte mediante la reducción, también drástica, de sus inventarios, la fuente principal de los mayores beneficios ha sido una mayor tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Aunque la crisis se acentúa, los accionistas cobran sus dividendos. De todos modos, no todo son rosas: la reducción del valor de la fuerza de trabajo lleva, en determinado punto, a la deflación; uno, como consecuencia de la caída del consumo; dos, como consecuencia de la mayor competencia que provoca el mayor rendimiento de la fuerza de trabajo en relación con el capital utilizado. La deflación implica la mayor generalización de la crisis. La historia de las crisis capitalistas demuestra que el punto de partida de una recuperación pasa por la revalorización de la fuerza de trabajo (el precio de la canasta familiar cae más que el salario) y por la desvalorización del capital (un capital más barato eleva el porcentaje de la ganancia sobre la inversión). Pero para llegar a esto habrá que atravesar aún una fase de catástrofes económicas y políticas.

La presión para reducir el valor de la fuerza de trabajo explica la velocidad del incremento de la desocupación en los Estados Unidos en el primer semestre del año. Según la mayor parte de los expertos supera a la caída que experimentó la producción. La resultante ha sido una fenomenal intensificación del trabajo del personal que siguió ocupado. Otro aspecto es la reducción directa de los salarios, o la reducción de la jornada laboral acompañada por una reducción mayor de los sueldos. La cifra oficial de desempleo en Estados Unidos es de 9,5% de la población activa, unos veinte millones de trabajadores, pero cuando se añade a las personas que han dejado de buscar trabajo, a las que están obligadas a trabajar menos (6%) y a la población carcelaria -el porcentaje se eleva a los veinte puntos, o sea a cuarenta millones de desempleados. Recientemente, las cámaras empresariales rechazaron la decisión de los estados de elevar el salario mínimo de 5,25 a 7,0 dólares la hora, con el argumento de que no podrían soportar ese mayor costo. Otro elemento fundamental es el recorte en los aportes patronales a la cobertura de salud, que forma parte del llamado "costo laboral"; el número de personas sin protección médica ha crecido en forma impresionante. Un ejemplo brutal de la reducción del precio de la fuerza de trabajo se observa en el caso de la industria automotriz, donde los salarios fueron recortados un 70% y la cobertura de salud en cerca de la mitad. Como ocurriera en la primera fase de la crisis del "30, los trabajadores no han opuesto una resistencia significativa a este desplome, sorprendidos por la magnitud de la catástrofe y por la completa traición de las burocracias sindicales y políticas.

A la tendencia generalizada a la reducción de los salarios y contribuciones complementarias, se ha sumado una tendencia a arrebatar conquistas significativas de los trabajadores. La violencia de algunas acciones de los trabajadores, en Francia, ha sido la respuesta a un enorme fraude laboral, pues las patronales no han querido pagar las indemnizaciones por despidos amparándose en disposiciones de la Unión Europea, que eran desconocidas por los trabajadores, en contraposición a la antigua legislación nacional. En España acaba de producirse una suerte de "ruptura" entre el gobierno y las cámaras patronales, como consecuencia del reclamo de éstas para reducir o simplemente anular la indemnización por despido. La desocupación española es la más alta del oeste de Europa. La voracidad de los explotadores de todo el Estado español parece no tener límites, pues casi la mitad de los empleados se encuentran precarizados y no tienen derechos indemnizatorios. Rodríguez Zapatero se verá obligado a fijar un subsidio para este sector del proletariado. En Gran Bretaña hay una crisis similar, pues el partido Conservador sostiene que la salida a la crisis pasa por una purga sin contemplaciones.

Esta tendencia patronal ha sido recogida por la Organización Internacional del Trabajo, que en su reciente reunión (a la que asistió la Presidenta K) impulsó la llamada “flexiseguridad”, que consiste en abolir la indemnización por despido a cambio de un curso de capacitación para nuevos empleos. Los "expertos" de la OIT parecen creer que la bancarrota capitalista es producto de la "disfuncionalidad" de los trabajadores, no del capital. Si se observa con un poco de cuidado se comprueba que, ochenta años mediante, las patronales siguen siendo tan deflacionarias como en los años "30 o que el keynesianismo (limitación del capital por medio de la intervención del Estado) es una receta para períodos de "prosperidad" –aunque, en este caso, sin casi limitaciones para los capitalistas.

La "moda" que impera en el mundo capitalista es, hoy, lo que en Argentina llamamos Repro, o sea la suspensión con salarios reducidos, que el Estado (no la patronal) paga en una proporción sustancial. Los gobiernos se jactan que, de este modo, "preservan" la relación laboral; en realidad se trata de una forma de evadir la indemnización por despido, como lo prueba el hecho de que los contratados no reciben este "beneficio".

Otra forma de evadir las indemnizaciones es lo que ocurre en Mahle o Massuh, donde el cambio de dueño no habilita al pago de indemnizaciones por antigüedad, o se disimula ese cambio (promesa de devolver la empresa) para evitar el pago de indemnizaciones y el peligro de que se desconozca la antigüedad en el futuro.

Las burocracias sindicales colaboran, en todos los países, con este despojo a los trabajadores. Naturalmente, esto recién comienza. No está dicha la última palabra, ni la penúltima siquiera.

Educación Pública Privada

(No se dispone de imagen más grande)

Entrevista a Santiago Liaudat, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP)
La injerencia de las trasnacionales en las políticas universitarias con la complicidad del Estado

Raquel Schrott / Ezequiel Miodownik
Agencia de Noticias Biodiversidadla/Argenpress

Vínculos entre la inversión económica de las corporaciones del saqueo y el control directo de los planes de estudio.


El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que nuclea a las universidades nacionales de Argentina como organismo coordinador de las políticas universitarias, tiene entre sus funciones el "establecer, ampliar y coordinar relaciones de todo orden con otros organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros en general, y especialmente con aquellos que puedan otorgar líneas de financiamiento, colaboraciones o donaciones de fondos e implementos y apoyo técnico, para la ejecución de programas, proyectos y actividades, en el área científica, tecnológica, cultural y deportiva"(1). Los estudiantes que participan del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) vienen exigiendo fuertemente que este organismo no sea socio de las empresas responsables de la contaminación y el daño ambiental.(2)


Las miradas están puestas hoy sobre los intereses que se esconden bajo las inversiones millonarias que las universidades nacionales estarían recibiendo -aceptadas por el CIN- producto de las actividades de la mina de Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca.

La Agencia de Noticias Biodiversidadla dialogó con Santiago Liaudat, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), sobre la injerencia de los organismos privados y las corporaciones trasnacionales en las políticas de educación superior, en la complicidad de los funcionarios del Estado y en la captación que realizan las empresas del conocimiento y el valor humano que se genera en los centros de estudio públicos para satisfacer sus propios intereses.

- ¿Cuál es la denuncia que están realizando como estudiantes respecto a la aceptación de fondos millonarios de la mina de Bajo de la Alumbrera por parte de las universidades?

Esta situación entendemos que refiere a un modelo de universidad que está puesto en función de los intereses de empresas multinacionales, y en este caso empresas contaminantes y saqueadoras. El debate que los estudiantes en diversas universidades del país venimos trayendo tiene que ver con qué modelo de universidad queremos: una universidad que esté pensada, que esté investigando y educando en función de las necesidades de nuestro pueblo o una universidad que esté pensada en función de la ganancia y de intereses del saqueo y la contaminación. El debate de fondo es éste, qué educación queremos, qué educación tenemos. Esto viene a sacar a la luz el vínculo directo que hay de intereses entre las autoridades de algunas universidades y estas empresas, en este caso mineras.

- El CIN, ¿cuenta con la participación de los estudiantes?, ¿cómo está integrado?

No, no, en absoluto. Es un órgano que es creado después de lo que fue la Ley de Educación Superior, sancionada durante el gobierno menemista, y lo que pretende ser es un órgano de coordinación a nivel nacional de todas las universidades. Hay representantes del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual el Gobierno Nacional no es ajeno a estas políticas, sino que a través mismo de las propias universidades está siendo partícipe de esto. Este órgano no tiene en absoluto representación (de los estudiantes), como estamos acostumbrados en nuestras facultades, de co-gobierno, sino que aquí la participación es enteramente de los rectores.

Este consejo es el que traza a grandes rasgos las políticas educativas para la educación superior a nivel nacional. Lo que queda planteado en la conformación de este órgano es cómo ya las propias universidades privadas están teniendo representación detrás un eufemismo que aparece en la década del 90, que era el de las "universidades públicas de gestión privada", y en ese sentido son empresas que imparten educación.

-¿Cómo comenzó el debate dentro de la universidad, en las agrupaciones? ¿existe esta discusión con el resto de los estudiantes?

Masivamente no está este debate planteado. Te puedo trasmitir un caso. Aquí el martes pasado tuvimos en la Universidad Nacional de La Plata el funcionamiento del Consejo Superior, que es el órgano máximo de la universidad. Dimos lectura a este documento y propusimos que el Consejo se expida, y el Consejo Superior, como nos tiene acostumbrados, lo que hizo fue pasarlo a comisión y no darle tratamiento. Falta un trabajo alrededor de este tema en la universidad. Por otro lado están aquellos que tienen intereses, principalmente facultades vinculadas a los negocios extractivos, y por otro lado está la necesidad de hacer un mayor trabajo en las facultades con los estudiantes, con docentes, para trabajar esta problemática y que sea una realidad más palpable.

Resulta que nosotros mismos hace poco tiempo que estamos viendo esta problemática, la realidad acuciante con la cual vivimos hoy, y con la realidad que se nos impone. Hoy es una realidad mucho más palpable que hace un par de años, también a partir del trabajo de las asambleas ambientales a lo largo de todo el país. Esto empieza de a poco a tomar carne, a hacerse visible para los sectores más informados de la vida universitaria. Ahora está el desafío de que esto sea más masivo y que el repudio se generalice, porque si queda solamente en sectores más informados no toma la fuerza necesaria como para garantizar que no suceda más, que la universidad empiece realmente a torcer su rumbo, deje de estar mirando los intereses de estas empresas, y pase a mirar las necesidades de nuestros barrios y de nuestra gente.

- Hay algunas universidades que sin embargo han rechazado la recepción de estos fondos.

Hasta donde tenemos conocimiento lo rechazó la Universidad de la Patagonia, la sede de Esquel, y creo que ahí estaría muy vinculado al proceso de lucha que se dio desde la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), si recordamos que hace un par de años se dio una lucha muy importante para rechazar la minería del oro en base a cianuro que se quería hacer allí, la comunidad entera se puso en pie y rechazó eso. En ese caso la universidad estaría haciéndose eco de esa movilización popular que se dio en Esquel. La otra facultad que ha rechazado esto es la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba. Hace poco tiempo nos escribió gente de Córdoba avisándonos y trasmitiéndonos la realidad de esa facultad, y nos pone muy contentos que haya ocurrido eso.

-¿Conocen el destino que tendrían estos fondos, si hay algún compromiso que las universidades asumen con la empresa minera para la utilización de los mismos?

Nos enteramos directamente vía el diario Página 12(3), de todos modos esto no es secreto, se puede consultar en la página web del CIN. No es una cosa extraodinaria en la vida universitaria después de los 90. Las universidades nacionales, casi todas, no quiero generalizar, reciben fondos de empresas privadas. Esto es más controvertido y genera más ruido porque la Minera Alumbrera está procesada por la justicia federal por contaminación ambiental, venimos de una represión en Famatina en La Rioja, genera mayor repudio y enseguida se prende la luz roja, pero las universidades ya hace más de una década que reciben fondos de empresas privadas. Empresas como Repsol, empresas mineras, de agronegocios, la mayor parte de las universidades reciben esos fondos después de (sancionada) la Ley de Educación Superior sancionada entre el 95 y 96, con el eufemismo de "recursos genuinos", "recursos propios", como si los recursos que provienen del Estado Nacional para solventar las universidades no fueran recursos genuinos, como si no fueran recursos propios.

Qué tipo de contraparte seguiría con la empresa sí que no se sabe, esa parte no es pública, no se tiene conocimiento. Se ha tomado conocimiento de casos más extremos, como alguna empresa de (telefonía) celular que llevó a elaborar planes de ingeniería de alguna facultad o vínculos que después realiza la facultad con stands de las empresas, para que los graduados de carreras como geología y geoquímica tomen contacto directo con la empresa y vayan directamente a trabajar a las minas, a las empresas petroleras y demás. Es una realidad que se vive sobre todo en las facultades de ciencias exactas y vinculadas al trabajo con la tierra, con el trabajo extractivo, sea el caso de la minería, sea el caso de la industria petrolera, ahí se vive mucho más esto, y con la agronomía, donde las empresas ya tienen directamente stands dentro de las facultades. Vinculan a los graduados con esa salida laboral entre comillas "que te venden", con la panacea de un mundo feliz, que encubre todo lo que nosotros estamos queriendo plantear aquí, que esconde todo un modelo económico extractivo y contaminante, basado en el saqueo, y que desconoce a las comunidades que están al pie de los cerros, que están sufriendo directamente la contaminación, que indirectamente sufrimos todos.

- ¿Sentís que hay un interés corporativo para limpiar la imagen de estas empresas y mostrar una imagen "comprometida" con la educación, asegurando por otro lado estudiantes que aspiren a ese tipo de salida laboral?

Sí, por supuesto. En el caso de estas inversiones en educación que hacen las empresas, que son prácticamente inversiones, buscan un rédito en vincular a los graduados, y por otro lado está esto de "lavarse la cara". Uno está acostumbrado, lamentablemente nos hemos acostumbrado a que eventos de las universidades, eventos educativos, estén financiados directamente con los logos en los volantes, en los panfletos que te distribuyen, por empresas multinacionales. No es raro encontrarse en las facultades con "congresos" donde directamente tienen el logo y están sponsoreados por empresas como Minera Alumbrera, Repsol, Monsanto. No es extraño y de hecho se va conformando en algo cada vez más habitual, por eso todo el trabajo que tenemos que empezar a generalizar de repudio y de toma de conciencia alrededor de este tema.

Cuando se invierte, los medios nos venden esto de "que bueno que estas empresas inviertan en educación", y un poco intentan desacreditar las denuncias de los que estamos sufriendo esta situación. Al mismo tiempo sabemos nosotros que esto encubre un sentido económico netamente, no hay una inversión en busca de la mejora educativa, sino de la mejora para su bolsillo.

- ¿Esto podría condicionar cualquier análisis crítico o incluso investigaciones que puedan realizarse al interior del ambito estudiantil a la hora de analizar a empresas como Minera Alumbrera ó a industrias como la minería?

Sí, si, claro. De hecho, hace alrededor de dos meses hubo un docente de la UBA (Andrés Carrazco) perseguido dentro de la propia universidad porque estaba haciendo investigaciones que mostraban los efectos nocivos de lo que está ocurriendo con el agronegocio, lo que ocurre en nuestras comunidades del interior. Después aparece de forma mucho más invible cuando uno intenta renovar su cargo, intenta buscar un beca, y hay una lista negra de docentes que por sus trabajos, por su ideología, por su forma de pensar, no tienen acceso a determinados cargos en la universidad. Eso ocurre y es moneda corriente en las universidades. Ocurre en las universidades más grandes y en las universidades más chicas del interior, que por ahí tienen menor vida democrática y ocurre con mucha más fuerza.

Es directo el vínculo de esta inversión económica y el control directo o indirecto de planes de estudio, de perfiles de egresados, de inserción laboral, de investigación, de extensión. Las empresas pasan por sobre órganos, aunque sean populares, aún del mismo Estado, delinean las políticas de la educación superior a nivel nacional. Uno se encuentra con que las empresas terminan direccionando este conocimiento, esta ciencia que se produce dentro de nuestros laboratorios y aulas universitarias, en función de hacer crecer sus ganancias y no en función de las mejoras del bienestar general.

- ¿Ustedes tienen vínculo con las asambleas que vienen resistiendo el avance de los emprendimientos extractivos?

Yo te puedo hablar especialmente desde mi experiencia, sobre todo en la "Comisión de Estudiantes de Geografía" en mi facultad, tiene un vínculo muy marcado con la UAC de La Rioja, e inclusive se ha estado participando de los encuentros. Hemos hecho charlas, aquí en la universidad y en otras universidades también, con representantes de diferentes asambleas y ese vínculo existe y queremos profundizarlo.

Se está intentando conformar una red, una organización que nuclee lo que son las asambleas ambientales de la zona metropolitana. Venimos un poco rezagados con respecto a lo que ocurre en otros puntos del país, donde quizás también la producción extractiva es mucho más visible que en las grandes ciudades, pero bueno, aquí también estamos sufriendo los efectos de la contaminación. De a poco también en la zona metropolitana empiezan a organizarse asambleas y colectivos contra la contaminación. Algunos tienen un tiempo ya, otros son más recientes, esto de a poco va llegando a las universidades, y la idea es que se multiplique para que la denuncia tome cuerpo y sea efectivamente un freno para las pretensiones de estos empresarios y de las autoridades mismas de la universidad, que tienen un modelo de economía, de país y de sociedad, que es muy distinto al que pretendemos desde las asambleas ambientales y desde las organizaciones populares en general.

- ¿Cuáles son las agrupaciones estudiantiles que vienen denunciando esta situación?

En la universidad, con todo el variopinto que encontramos de agrupaciones, como que todavía no se ha instalado fuerte la militancia estudiantil alrededor del saqueo. Son solamente algunos grupos, algunas agrupaciones que empiezan a trabajarlo. Como Frente (Popular Darío Santillán) ya hace un par de años que estamos trabajando en las universidades que tenemos presencia, que son La Plata, Rosario, Mar del Plata, Comahue, la Universidad de Tandil, Luján y algunos institutos de educación superior. Se empieza a trabajar de a poco este tema, el saqueo de los recursos naturales, qué tipo de producción extractiva debería realizarse, porque no solamente decir "no a esto", sino "no a esto porque es esto otro", y salen debates que son muy interesantes alrededor de toda esta temática.

Creemos que se va a instalando una conciencia de la importancia de esto. Creo que se podría equiparar respecto a lo que ocurrió dentro de la propia izquierda, en la militancia que quiere un cambio social, con lo que fue el tema de género. Hace décadas no era visto el tema de la opresión de las mujeres como un tema a trabajar y hoy está muy extendido, y todas las agrupaciones tienen algún trabajo alrededor de la cuestión de la mujer y la violencia de género, y creo que en lo ambiental, esperemos que no pase mucho tiempo más, va a pasar algo parecido. Todos los agrupamientos van a ver la importancia de difundir esta realidad, y que la vida de nuestro país no pasa sólo por las grandes ciudades.

En nuestro interior profundo, está ocurriendo todo esto que estamos queriendo poner sobre el tapete. Es un modelo económico que es insostenible, es insustentable en el tiempo. Ese es el debate que queremos empezar a instalar en la universidad, y creemos que de a poco va tomando cuerpo.

Notas:
(1) CIN, reseña histórica
(2) Estudiantes de 8 universidades nacionales exigen al CIN que no sea socio de empresas contaminantes.
(3) El oro no brilla en la academia, diario Página/12, Viernes 5 de junio de 2009

Conejillos de Argentindia

El artículo de tapa de Página 12 de hoy es realmente imperdible y además está en estrecha relación con el post qué titulé "Privados de educación pública", además es importante difundir la historia con el fin de ayudar a proteger la vida y la integridad de Andrés Carrasco.

ANDRES CARRASCO, PROFESOR DE EMBRIOLOGIA DE LA UBA, INVESTIGADOR DEL CONICET, DENUNCIANTE DE LOS EFECTOS DEL GLIFOSATO

“Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”

Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.

Por Darío Aranda

Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”

Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.

nota completa aquí

¿Clase? ¿Qué clase? III

Esta es una suerte de continuación de lo del Página de ayer.




Los prestamistas de la muerte

Hijos de detenidos-desaparecidos en La Plata demandarán a los bancos que financiaron la dictadura, cuya maquinaria de muerte se hubiera detenido sin esa ayuda. Los bancos contaban con precisa información sobre lo que ocurría, por lo que debieron imaginarse el dolo eventual que causarían.


Por Horacio Verbitsky

Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. “Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”, explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.

(Seguir...)

Los secuestros

Victorio Perdighe, estudiante de derecho y militante en la Juventud Peronista fue detenido-desaparecido el 16 de diciembre de 1976 en La Plata y visto en el campo de concentración “La Cacha”. Su esposa, Graciela “Chela” Sagües fue secuestrada en la misma ciudad el 22 de enero de 1977 mientras caminaba por la calle y fue vista en la comisaría 5ª de La Plata, en el Pozo de Arana, en la Brigada de Investigaciones y el Pozo de Banfield. Victorio fue asesinado durante un falso enfrentamiento y de Graciela no se supo más. Tenían una nena, María Elena. Roberto Aníbal Ibáñez, estudiante de medicina y militante de la Juventud Peronista, de 24 años, fue secuestrado por personal de seguridad que ocupaba dos autos marca Torino, la tarde del 25 de enero de 1977, mientras conducía su moto en el centro de La Plata. El mismo día fue visto en los centros clandestinos “Pozo de Arana” y Comisaría 5a. Estaba casado con Silvia Beatriz Albores y tenían un bebé, Leandro Manuel, de tres meses. Silvia, de 22 años y también estudiante de medicina fue secuestrada pocos meses después, del domicilio de sus padres en La Plata. Nunca volvió a saberse de ellos.

Los bancos

En 2000, el fallo del juez federal José Luis Ballesteros en la causa iniciada por Alejandro Olmos sobre la deuda externa mencionó en su foja 73 entre los prestamistas de YPF (que era la vía de entrada que empleó la dictadura para disimular que así se costeaba el Estado Terrorista) al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D.G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma, Citicorp y Banco Nación. Pero la demanda pide que sea el Banco Central el que informe quiénes fueron los financistas de la dictadura y no contempla los créditos a privados, ya que se refiere sólo a los préstamos que permitieron funcionar a la maquinaria estatal de la muerte.

¿Clase? ¿Qué clase? II

Recomiendo comprar la versión en papel de hoy de Página 12. Hay una investigación de Verbitsky y tiene un cuadro que en la edición on-line no está. La data que trae puede ser pensada de muchas maneras, y de hecho Verbitsky opina y señala muchas cosas pero no ésto: es una muestra que hecha por tierra todo argumento "culturalista" de los males nacionales. No hay "idiosincracia" que determine tal aglutinamiento en torno a intereses y proyecto tan concreto. El proyecto de dominación político económico llevado a cabo por la dictadura y sus posteriores gobiernos "democráticos" queda con éste artículo puesto tan en evidencia cómo proyecto de clase que da vergüenza que el concepto sea hoy ignorado en todo debate público.

Linkeo:

LOS ESTUDIOS DE LA DICTADURA QUE LITIGAN CONTRA LA ARGENTINA
¿Qué te puedo cobrar?

La justicia se ocupa a ritmo cansino de los responsables militares pero sus socios civiles prosiguen la destrucción del Estado. Abogados de las entidades que justificaron los crímenes de lesa humanidad actúan contra la Argentina en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Mano dura con los piqueteros pero apoyo a las patronales agropecuarias. El quien es quien del establishment jurídico que postró al país. Mañana: los bancos que financiaron el terror. Una investigación reveladora.
(seguir...)

Lawyers

El equivalente estadounidense del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo es la Association of the Bar of the City of New York, que reúne a abogados de los principales estudios de Manhattan. En abril de 1979 cinco de sus miembros visitaron la Argentina para investigar las denuncias recibidas de colegas argentinos, como Emilio Mignone. Su objetivo declarado fue interesarse por el ejercicio de la abogacía libre de intimidación gubernamental y el derecho de todas las personas privadas de su libertad a un trato humano y un juicio justo. Integraban la misión ex jueces como Marvin Frankel; el abogado Harold Healy Jr, del gran estudio Debevoise, Plimpton, Lyons & Gates; el ex presidente de esa asociación de abogados de Nueva York, Orville H. Schell, y los asociados Stephen Kass y Scott Greathead. Estos abogados de Wall Street compilaron una lista de 191 colegas argentinos detenidos bajo el estado de sitio, la mitad de ellos desaparecidos.
(seguir...)

El cristal con que se mira

El Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, para el que las dictaduras de 1966 y 1976 fueron respetuosas de la ley y la independencia judicial, entiende que hoy el autoritarismo avasalla la división de poderes. Uno de sus socios, el actual integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados y embajador del presidente de facto Juan Carlos Onganía en Estados Unidos, Eduardo Roca, se jactó en una conferencia de haber recomendado el derrocamiento del ex presidente Arturo Illia ante una consulta que le formuló en 1965 el general Julio Alsogaray. Bajo el gobierno de Onganía la República fue “un auténtico estado de derecho”, dijo Roca, quien hoy es experto presentado por el Banco Santander en su demanda contra la Argentina ante la Cámara de Comercio Internacional. Otro socio, Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del presidente de facto Alejandro Lanusse en 1972, fue detenido por la masacre de Trelew (que el Colegio llama “presunto homicidio”), pero le concedieron el arresto domiciliario y luego quedó en libertad mientras prosigue la investigación. Aguirre Obarrio fue presentado como perito por TSA Spectrum en la causa en la que reclamó 509 millones de dólares en el Ciadi.
(Seguir...)

Análisis y vaticinios marxistas...

Disculpen la disgresión, pero no sé porque se me viene a la mente la frase: "entre bueyes no hay cornadas..." De todos modos, hay algunos datos jugosos e interesantes...

La pequeña Biblia de la crisis

Fidel Castro presentó de puño y letra un texto sobre la crisis mundial que recibió del politólogo argentino Atilio Boron, a quien también recibió. Boron participó del evento sobre Globalización y Desarrollo que tuvo lugar en Cuba.


Por Fidel Castro

Finalizado el evento sobre Globalización y Desarrollo con la presencia de más de 1500 economistas, destacadas personalidades científicas y representantes de organismos internacionales reunidos en La Habana, recibí una carta y un documento de Atilio Boron, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de Teoría Política y Social, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), aparte de otras importantes responsabilidades científicas y políticas.

Atilio, firme y leal amigo, había participado el jueves 6 en el programa de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, junto a otras eminencias internacionales que asistieron a la Conferencia sobre Globalización y Desarrollo.

Supe que se marcharía el domingo y decidí invitarlo a un encuentro a las 5 de la tarde del día anterior, sábado 7 de marzo. Había decidido escribir una reflexión sobre las ideas contenidas en su documento. Utilizaré en la síntesis sus propias palabras:

“Nos hallamos ante una crisis general capitalista, la primera de una magnitud comparable a la que estallara en 1929 y a la llamada ‘Larga Depresión’ de 1873-1896. Una crisis integral, civilizacional, multidimensional, cuya duración, profundidad y alcances geográficos seguramente habrán de ser de mayor envergadura que las que le precedieron.

Se trata de una crisis que trasciende con creces lo financiero o bancario y afecta a la economía real en todos sus departamentos. Afecta a la economía global y que va mucho más allá de las fronteras estadounidenses.

Sus causas estructurales: es una crisis de superproducción y a la vez de subconsumo. No por casualidad estalló en EE.UU., porque este país hace más de treinta años que vive artificialmente del ahorro externo, del crédito externo, y estas dos cosas no son infinitas: las empresas se endeudaron por encima de sus posibilidades; el Estado se endeudó también por encima de sus posibilidades para hacer frente no a una sino a dos guerras no sólo sin aumentar los impuestos sino que reduciéndolos, los ciudadanos son sistemáticamente impulsados, por vía de la publicidad comercial, a endeudarse para sostener un consumismo desorbitado, irracional y despilfarrador.

Pero a estas causas estructurales hay que agregar otras: la acelerada financiarización de la economía, la irresistible tendencia hacia la incursión en operaciones especulativas cada vez más arriesgadas. Descubierta la ‘fuente de juvencia’ del capital gracias a la cual el dinero genera más dinero prescindiendo de la valorización que le aporta la explotación de la fuerza de trabajo y, teniendo en cuenta que enormes masas de capital ficticio se pueden lograr en cuestión de días, o semanas a lo máximo, la adicción del capital lo lleva a dejar de lado cualquier cálculo o cualquier escrúpulo.

Otras circunstancias favorecieron el estallido de la crisis. Las políticas neoliberales de desregulación y liberalización hicieron posible que los actores más poderosos que pululan en los mercados impusieran la ley de la selva.

Una enorme destrucción de capitales a escala mundial, caracterizándolo como una ‘destrucción creadora’. En Wall Street esta ‘destrucción creadora’ hizo que la desvalorización de las empresas que cotizan en esa Bolsa llega casi al 50 por ciento; una empresa que antes cotizaba en Bolsa un capital de 100 millones, ¡ahora tiene 50 millones!. Caída de la producción, de los precios, de los salarios, del poder de compra. ‘El sistema financiero en su totalidad está a punto de estallar. Ya tenemos más de U$S 500.000 millones en pérdidas bancarias, hay un billón más que está por llegar. Más de una docena de bancos están en bancarrota, y hay cientos más esperando correr la misma suerte. A estas alturas más de un billón de dólares han sido transferidos desde la FED al cartel bancario, pero un billón y medio más será necesario para mantener la liquidez de los bancos en los próximos años.’ Lo que estamos viviendo es la fase inicial de una larga depresión, y la palabra recesión, tan utilizada recientemente, no captura en todo su dramatismo lo que el futuro depara para el capitalismo.

La acción ordinaria de Citicorp perdió el 90 por ciento de su valor en 2008. ¡La última semana de febrero cotizaba en Wall Street a U$S 1,95 por acción!

Este proceso no es neutro pues favorecerá a los mayores y mejor organizados oligopolios, que desplazarán a sus rivales de los mercados. La ‘selección darwiniana de los más aptos’ despejará el camino para nuevas fusiones y alianzas empresariales, enviando a los más débiles a la quiebra.

Acelerado aumento del desempleo. El número de desempleados en el mundo (unos 190 millones en 2008) podría incrementarse en 51 millones más a lo largo de 2009. Los trabajadores pobres (que ganan apenas dos euros diarios) serán 1400 millones, o sea el 45 por ciento de la población económicamente activa del planeta. En Estados Unidos la recesión ya destruyó 3,6 millones de puestos de trabajo. La mitad durante los últimos tres meses. En la UE, el número de desempleados es de 17,5 millones, 1,6 millón más que hace un año. Para 2009 se prevé la pérdida de 3,5 millones de empleos. Varios Estados centroamericanos así como México y Perú, por sus estrechos lazos con la economía estadounidense, serán fuertemente golpeados por la crisis.

Una crisis que afecta a todos los sectores de la economía: la banca, la industria, los seguros, la construcción, etcétera, y se disemina por todo el conjunto del sistema capitalista internacional.

Decisiones que se toman en los centros mundiales y que afectan a las subsidiarias de la periferia generando despidos masivos, interrupciones en las cadenas de pagos, caída en la demanda de insumos, etcétera. EE.UU. ha decidido apoyar a las Big Three (Chrysler, Ford, General Motors) de Detroit, pero sólo para que salven sus plantas en el país. Francia y Suecia han anunciado que condicionarán las ayudas a sus industrias automotoras: sólo podrán beneficiarse los centros ubicados en sus respectivos países. La ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, declaró que el proteccionismo podía ser ‘un mal necesario en tiempos de crisis’. El ministro español de Industria, Miguel Sebastián, insta a ‘consumir productos españoles’. Barack Obama, agregamos nosotros, promueve el ‘buy American!’.

Otras fuentes de propagación de la crisis en la periferia son la caída en los precios de las commodities que exportan los países latinoamericanos y caribeños, con sus secuelas recesivas y el aumento de la desocupación.

Drástica disminución de las remesas de los emigrantes latinoamericanos y caribeños a los países desarrollados. (En algunos casos las remesas son el más importante ítem en el ingreso internacional de divisas, por encima de las exportaciones.)

Retorno de los emigrantes, deprimiendo aún más el mercado de trabajo.

Se conjuga con una profunda crisis energética que exige reemplazar al actual, basado en el uso irracional y predatorio del combustible fósil.

Esta crisis coincide con la creciente toma de conciencia de los catastróficos alcances del cambio climático.

Agréguese la crisis alimentaria, agudizada por la pretensión del capitalismo de mantener un irracional patrón de consumo que ha llevado a reconvertir tierras aptas para la producción de alimentos para ser destinadas a la elaboración de agrocombustibles.

Obama reconoció que no hemos tocado fondo todavía, y Michael Klare escribió en días pasados que ‘si el actual desastre económico se convierte en lo que el presidente Obama ha denominado década perdida, el resultado podría consistir en un paisaje global lleno de convulsiones motivadas por la economía’.

En 1929 la desocupación en EE.UU. llegó al 25 por ciento, al paso que caían los precios agrícolas y de las materias primas. Diez años después, y pese a las radicales políticas puestas en marcha por Franklin D. Roosevelt (el New Deal), la desocupación seguía siendo muy elevada (17 por ciento) y la economía no lograba salir de la depresión. Sólo la Segunda Guerra Mundial puso fin a esa etapa. ¿Y ahora por qué habría de ser más breve? Si la depresión de 1873-1896, como expliqué, duró ¡23 años!

Dados estos antecedentes, ¿por qué ahora saldríamos de la actual crisis en cuestión de meses, como vaticinan algunos publicistas y ‘gurúes’ de Wall Street.

No se saldrá de esta crisis con un par de reuniones del G-20 o del G-7. Si una prueba hay de su radical incapacidad para resolver la crisis es la respuesta de las principales bolsas de valores del mundo luego de cada anuncio o cada sanción de una ley aprobatoria de un nuevo rescate: invariablemente la respuesta de ‘los mercados’ es negativa.

Ya no está la URSS, cuya sola presencia y la amenaza de la extensión hacia Occidente de su ejemplo inclinaba la balanza de la negociación a favor de la izquierda, sectores populares, sindicatos, etcétera.

En la actualidad, China ocupa un papel incomparablemente más importante en la economía mundial, pero sin alcanzar una importancia paralela en la política mundial. La URSS, en cambio, pese a su debilidad económica, era una formidable potencia militar y política. China es una potencia económica, pero con escasa presencia militar y política en los asuntos mundiales, si bien está comenzando un muy cauteloso y paulatino proceso de reafirmación en la política mundial.

China puede llegar a jugar un papel positivo para la estrategia de recomposición de los países de la periferia. Beijing está gradualmente reorientando sus enormes energías nacionales hacia el mercado interno. Por múltiples razones que serían imposibles discutir aquí es un país que necesita que su economía crezca al 8 por ciento anual, sea como respuesta a los estímulos de los mercados mundiales o a los que se originen en su inmenso –sólo parcialmente explotado– mercado interno. De confirmarse ese viraje es posible predecir que China seguirá necesitando muchos productos originarios de los países del Tercer Mundo, como petróleo, níquel, cobre, aluminio, acero, soja y otras materias primas y alimentos.

En la Gran Depresión de los años 30, en cambio, la URSS tenía una muy débil inserción en los mercados mundiales. China es distinto: podrá seguir jugando un papel muy importante y, al igual que Rusia e India (aunque éstas en menor medida), comprar en el exterior las materias primas y alimentos que necesite, a diferencia de lo que ocurría con la URSS en los tiempos de la Gran Depresión.

En los 30 la ‘solución’ de la crisis se encontró en el proteccionismo y la Guerra Mundial. Hoy, el proteccionismo encontrará muchos obstáculos debido a la interpenetración de los grandes oligopolios nacionales en los distintos espacios del capitalismo mundial. La conformación de una burguesía mundial, arraigada en gigantescas empresas que, pese a su base nacional, operan en un sinnúmero de países, hace que la opción proteccionista en el mundo desarrollado sea de escasa efectividad en el comercio Norte/Norte y las políticas tenderán –al menos por ahora y no sin tensiones– a respetar los parámetros establecidos por la OMC. La carta proteccionista aparece como mucho más probable cuando se la aplique, como seguramente se hará, en contra del Sur global. Una guerra mundial motorizada por ‘burguesías nacionales’ del mundo desarrollado dispuestas a luchar entre sí por la supremacía en los mercados es prácticamente imposible, porque tales ‘burguesías’ han sido desplazadas por el ascenso y consolidación de una burguesía imperial que periódicamente se reúne en Davos y para la cual la opción de un enfrentamiento militar constituye un fenomenal despropósito. No quiere decir que esa burguesía mundial no apoye, como lo ha hecho hasta ahora con las aventuras militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán, la realización de numerosas operaciones militares en la periferia del sistema, necesarias para la preservación de la rentabilidad del complejo militar-industrial norteamericano e, indirectamente, para los grandes oligopolios de los demás países.

La situación actual no es igual a la de los años treinta. Lenin ‘el capitalismo no se cae si no hay una fuerza social que lo haga caer’. Esa fuerza social hoy no está presente en las sociedades del capitalismo metropolitano, incluido Estados Unidos.

EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Francia y Japón dirimían en el terreno militar su pugna por la hegemonía imperial.

Hoy, la hegemonía y la dominación están claramente en manos de EE.UU. Es el único garante del sistema capitalista a escala mundial. Si EE.UU. cayera se produciría un efecto dominó que provocaría el derrumbe de casi todos los capitalismos metropolitanos, sin mencionar las consecuencias en la periferia del sistema. En caso de que Washington se vea amenazado por una insurgencia popular todos acudirán a socorrerlo, porque es el sostén último del sistema y el único que, en caso de necesidad, puede socorrer a los demás.

EE.UU. es un actor irreemplazable y centro indiscutido del sistema imperialista mundial: sólo él dispone de más de 700 misiones y bases militares en unos 120 países que constituyen la reserva final del sistema. Si las demás opciones fracasan, la fuerza aparecerá en todo su esplendor. Sólo EE.UU. puede desplegar sus tropas y su arsenal de guerra para mantener el orden a escala planetaria. Es, como dijera Samuel Huntington, ‘el sheriff solitario’.

Este ‘apuntalamiento’ del centro imperialista cuenta con la invalorable colaboración de los demás socios imperiales, o con sus competidores en el área económica e inclusive con la mayoría de los países del Tercer Mundo, que acumulan sus reservas en dólares estadounidenses. Ni China, Japón, Corea o Rusia, para hablar de los mayores tenedores de dólares del planeta, pueden liquidar su stock en esa moneda porque sería una movida suicida. Claro está, que ésta también es una consideración que debe ser tomada con mucha cautela.

Estamos en presencia de una crisis que es mucho más que una crisis económica o financiera.

Se trata de una crisis integral de un modelo civilizatorio que es insostenible económicamente; políticamente, sin apelar cada vez más a la violencia en contra de los pueblos; insustentable también ecológicamente, dada la destrucción, en algunos casos irreversible, del medio ambiente; e insostenible socialmente, porque degrada la condición humana hasta límites inimaginables y destruye la trama misma de la vida social.

La respuesta a esta crisis, por lo tanto, no puede ser sólo económica o financiera. Las clases dominantes harán exactamente eso: utilizar un vasto arsenal de recursos públicos para socializar las pérdidas y reflotar a los grandes oligopolios. Encerrados en la defensa de sus intereses más inmediatos carecen siquiera de la visión para concebir una estrategia más integral”.

Si alguien toma esta síntesis y la lleva en el bolsillo, la lee de vez en cuando o se la aprende de memoria como una pequeña Biblia, estará mejor informado de lo que ocurre en el mundo que el 99 por ciento de la población, donde el ciudadano vive asediado por cientos de anuncios publicitarios y saturado con miles de horas de noticias, novelas y películas de ficción reales o falsas.

* Publicado en Granma. El documento completo de Boron puede leerse en www.atilioboron.com