¿Clase? ¿Qué clase? III

Esta es una suerte de continuación de lo del Página de ayer.




Los prestamistas de la muerte

Hijos de detenidos-desaparecidos en La Plata demandarán a los bancos que financiaron la dictadura, cuya maquinaria de muerte se hubiera detenido sin esa ayuda. Los bancos contaban con precisa información sobre lo que ocurría, por lo que debieron imaginarse el dolo eventual que causarían.


Por Horacio Verbitsky

Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. “Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”, explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.

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Los secuestros

Victorio Perdighe, estudiante de derecho y militante en la Juventud Peronista fue detenido-desaparecido el 16 de diciembre de 1976 en La Plata y visto en el campo de concentración “La Cacha”. Su esposa, Graciela “Chela” Sagües fue secuestrada en la misma ciudad el 22 de enero de 1977 mientras caminaba por la calle y fue vista en la comisaría 5ª de La Plata, en el Pozo de Arana, en la Brigada de Investigaciones y el Pozo de Banfield. Victorio fue asesinado durante un falso enfrentamiento y de Graciela no se supo más. Tenían una nena, María Elena. Roberto Aníbal Ibáñez, estudiante de medicina y militante de la Juventud Peronista, de 24 años, fue secuestrado por personal de seguridad que ocupaba dos autos marca Torino, la tarde del 25 de enero de 1977, mientras conducía su moto en el centro de La Plata. El mismo día fue visto en los centros clandestinos “Pozo de Arana” y Comisaría 5a. Estaba casado con Silvia Beatriz Albores y tenían un bebé, Leandro Manuel, de tres meses. Silvia, de 22 años y también estudiante de medicina fue secuestrada pocos meses después, del domicilio de sus padres en La Plata. Nunca volvió a saberse de ellos.

Los bancos

En 2000, el fallo del juez federal José Luis Ballesteros en la causa iniciada por Alejandro Olmos sobre la deuda externa mencionó en su foja 73 entre los prestamistas de YPF (que era la vía de entrada que empleó la dictadura para disimular que así se costeaba el Estado Terrorista) al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D.G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma, Citicorp y Banco Nación. Pero la demanda pide que sea el Banco Central el que informe quiénes fueron los financistas de la dictadura y no contempla los créditos a privados, ya que se refiere sólo a los préstamos que permitieron funcionar a la maquinaria estatal de la muerte.