Expertos en cacería de indigentes

UN INFORME DEL GOBIERNO PORTEñO ADMITE QUE EN SIETE MESES LA UCEP HIZO 444 DESALOJOS EN LA VIA PUBLICA
Grupo de expertos en la cacería de indigentes

Hecho por un pedido de la Defensoría del Pueblo, el informe detalla que sólo nueve de los 444 procedimientos no fueron contra indigentes. El ministro Piccardo había dicho que también removían carteles o puestos de venta ilegales. Hoy rinde examen en la Legislatura.


Por Eduardo Videla

El grupo de hombres de negro que se despliega cada noche por la ciudad, con las siglas UCEP en su uniforme, se ha convertido en una verdadera fuerza de cazadores de indigentes. Así lo revela un informe del propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, elaborado en respuesta a un pedido de la Defensoría del Pueblo, que desmiente las declaraciones públicas de su jefe, el ministro Juan Pablo Piccardo. En poco más de siete meses, la fuerza de choque creada por el gobierno de Mauricio Macri para despejar el espacio público de gente pobre y sin techo se anotó 444 desalojos. De acuerdo con el detallado informe, al que accedió Página/12, en sólo nueve de ellos no se menciona la palabra “indigente” cuando se hace referencia a la “problemática” que motivó el procedimiento. No hay ninguna mención a presuntas tareas de remoción de carteles o incautación de productos de la venta ilegal, como había mencionado Piccardo como tareas propias de esa fuerza. En la gran mayoría de los casos, el resultado del operativo fue que “se restauró el espacio público”, un eufemismo que da cuenta del desalojo sumario de los indigentes del lugar que ocupaban. El informe confirma que la UCEP se ampara en la oscuridad: actúa de 23 a 6 de la madrugada, el horario en que los sin techo descansan. Precisa que está integrada por 26 personas. No indica si se les brindó a esas personas ayuda social o albergue provisorio. Ni hace referencia a la modalidad empleada que, según las denuncias formuladas ante la Justicia, incluyen agresiones físicas, el robo y la destrucción de las pertenencias de las víctimas.

El título de la extensa lista de operativos incluida en el informe lleva el sugestivo título de “Stock de procedimientos realizados”. La nómina pretende ser exhaustiva: además del número de caso y la fecha en que se realizó, se detalla el “asunto”, la “ubicación”, la “problemática”, el CGP al que pertenece el lugar y el “resultado” del procedimiento.

El informe, elaborado por el personal de la UCEP, con la firma de su responsable, el director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Polini, releva los casos desde el 17 de febrero hasta el 30 de septiembre de este año. En total, son 225 días corridos en los que se acumularon 444 procedimientos, un promedio de casi dos operativos por día, suponiendo que la UCEP trabaje sábados, domingos y feriados. Pero hubo días, como el 3 de marzo, en que los efectivos batieron todos los records, con veinticuatro procedimientos. El 26 de marzo y el 17 de abril consumaron nueve desalojos cada día, mientras que el 13 de julio hubo ocho y el 22 de septiembre, siete.

El gobierno porteño respondió con este expediente a un pedido realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el 4 de septiembre último, en el que le daba un plazo de diez días para que informe “la cantidad de operativos ejecutados” y la “forma en que se implementaron esos procedimientos, cantidad de personal empleado, horario de actuación y si hubo intervención de otros organismos”. La respuesta llegó a la Defensoría el 21 de octubre, en un expediente de 32 folios, de los cuales 24 corresponden al extenso listados del “stock de procedimientos”.

La descripción de los motivos que originaron cada operativo no tiene desperdicios y brinda, por sí misma, una idea certera de la misión de la UCEP:

- En Sánchez de Bustamante y Mansilla, la esquina del Hospital de Niños, el grupo intervino porque “indigentes consumen el agua del hospital”.

- En Vidt al 1800, desalojaron “un asentamiento de indigentes de alta peligrosidad”, aunque sin aclarar en qué consistía el peligro.

- En Senillosa 650 (Caballito) se ocuparon de un “indigente de alta peligrosidad que merodea la zona hace tres años y ocasiona disturbios”. En rigor, según vecinos que lo conocen, se trata de un hombre con las facultades mentales alteradas que vivía en la vía pública.

También es curioso que en la columna “asunto”, donde aparecen referencias a cómo se inició cada procedimientos (denuncias de los CGP, por ejemplo), aparezcan los nombres de Gabriela Michetti, Mauricio Macri, el propio Juan Pablo Piccardo, las siglas HRL (coincidentes con la del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta), la diputada Silvia Madjalani. También se mencionan notas del diario La Nación.

El ministro Piccardo, responsable político de la UCEP, deberá hacer frente hoy al cuestionamiento de la oposición, cuando se presente en la Legislatura para dar cuenta de las asignaciones previstas en su cartera en el Presupuesto 2010. A propósito, el diputado electo Fernando “Pino” Solanas, se presentará en la Legislatura junto a los legisladores de Proyecto Sur para denunciar el aumento de presupuesto para 2010 para ese “grupo de tareas” del macrismo.

El jueves último, la Defensoría del Pueblo junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría oficial de la Justicia porteña denunciaron la existencia de catorce casos de desalojos violentos, con lesiones, amenazas y el robo de las pertenencias de las víctimas, y pidieron la disolución de la UCEP.

Todos los procedimientos denunciados ocurrieron durante la madrugada, los objetos incautados terminaron en un compactador de basura y ninguno de los desalojados recibió contención o asistencia social.

El mismo jueves, el ministro Piccardo dijo a Página/12 que la UCEP “tiene muchas funciones vinculadas con el buen uso de la fuerza pública”, entre los que mencionó el “retiro de carteles instalados en forma ilegal y de puestos callejeros”. Los datos que aportó su propia cartera se encargaron de desmentirlo.
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DOS MUJERES QUE FUERON DESALOJADAS EN PASCO AL 1300
Víctimas que quieren ser querellantes

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Carla Baptista y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a denunciar el hostigamiento que recibieron en la noche del 2 de octubre, cuando intentaron echarlas de la vereda donde dormían y les tiraron los colchones, lo poco que tenían en el precario lugar donde vivían, en Pasco al 1300. Desde el viernes, también son las primeras víctimas que se postulan para ser querellantes en una causa contra la UCEP, a cargo de la Fiscalía Correccional Nº 14. En el pedido presentado por el abogado defensor Adrián Albor se les imputan a los integrantes de la UCEP varios delitos que, sumados, implicarían una condena de 5 a 21 años. El pedido propone la misma pena, en calidad de “instigadores”, para el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, que hoy se presentará ante la Legislatura para dar explicaciones.

“Ser querellantes les permitirá (a Carla y Graciela) tener un rol activo y participar de la presentación de pruebas de la misma manera que el fiscal”, apuntó el abogado.

Si de recolectar pruebas se trata, Carla lleva una en su panza. Según lo denunciado por ella y Miguel Varela –el vecino que registró el hecho con su cámara de fotos–, la madrugada del 2 de octubre, unos veinte integrantes de la UCEP llegaron a Pasco al 1300 con cuatro camionetas y un camión de basura de la empresa Panizza para cargar las pertenencias y echarlas de la vereda en la que dormían. En el intento, Carla recibió un golpe en su panza de embarazada que le provocó un dezplazamiento de placenta. Así lo confirmó un estudio que le realizaron en el Hospital Ramos Mejía y que quedó constatado en la denuncia que se realizó ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Además –como informó Página/12–, aquella noche algunos integrantes de la UCEP no respondieron al pedido de Carla de llamar una ambulancia y, en cambio, le dijeron: “¿Te sentís mal? Te vamos a hacer el tacto”. Graciela también carga una prueba en su cuerpo: un amplio moretón bajo las costillas, corroborado por un médico legista.

El pedido de Albor ante la fiscal Andrea Giudice acusa a los integrante de la UCEP por los delitos de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”. De confirmarse esas acusaciones y ser llevados a juicio, los hombres de la UCEP podrían recibir una sentencia de prisión de entre 5 y 21 años. “De actuar como querellantes en la causa haremos un pedido de competencia para que las actuaciones pasen al Fuero de Instrucción Criminal”, advirtió el abogado.

Las personas registradas en las fotografías de Varela, con vestimentas oscuras y, uno de ellos, con una campera en la que se leía “UCEP”, serían los implicados como autores del hecho, pero Albor apuntó que “Macri y Piccardo deberían responder por los mismos delitos en calidad de instigadores. Por lo que las penas también estarían entre los cinco y veintiún años”.

Informe: Nahuel Lag.