Juez del sistema burgués, garantía de injusticia

Réquiem para Mauricio Morán, un pobre de 14 años fusilado por la Policía de Mendoza

Los chacales de Luján de Cuyo

Era de esperarse, nomás: el pasado martes 1º de julio, los jueces Urciolo, Chacón y Carrizo de la 7ª Cámara del Crimen, absolvieron de culpa y cargo al oficial ayudante Cristián Gustavo Bressant Barrera, quien fusilara impunemente el 5 de mayo de 2006 a tres criaturas: Mauricio Morán, de 14 años, muerto de un tiro en el pecho; Angel Maximiliano Sosa, 13 años, herida de bala en el glúteo izquierdo; y Raúl Alexander Frías Morán, de tan sólo 18 meses, pérdida del dedo anular de su manito derecha.
Este fallo de absolución corona los esfuerzos desplegados durante dos largos años por las corporaciones policial y judicial mendocinas, al amparo del poder ejecutivo local. En efecto, durante la etapa de instrucción del proceso, la jueza de garantías María Alejandra Mauricio se las había ingeniado para introducir en el expediente judicial –y por la puerta trasera-, un “cartucho misterioso”, con vaina exterior color verde de posta de goma, pero cargado con munición de plomo. Este era el plan “A”: el policía, en su inocencia, habría disparado plomo creyendo que tiraba “inofensivas” salvas de goma.
El plan “B” (el cual finalmente se utilizó para liberar a Bressant) consistió en la vaguedad de las pericias balísticas efectuadas por la Policía Científica de Mendoza y por Gendarmería Nacional, las cuales no precisaron que la única escopeta que pudo matar a Mauricio Morán era la de Bressant, por ubicación y distancia. Los restantes policías participantes de esta Operación Masacre, estaban demasiado lejos de las víctimas como para descerrajarles un disparo mortal.
Y cuando la voz indignada del entonces fiscal Luis Rafael Correa Llano protestó con vehemencia contra el entramado de impunidad que se estaba gestando, esta misma 7ª Cámara del Crimen lo separó de la causa, dejando el terreno abonado para devolver a Bressant el uso de arma y uniforme, utilizados para mantener al pobrerío mendocino en los caniles que nunca debió abandonar, al menos sin permiso del amo.
El fallo provocó sorpresa y dolor en las personas interesadas en que se juzgara con equidad. Es que aún persiste la ilusión de que el Ministerio de Justicia se equivoque, y de vez en cuando actúe efectivamente con imparcialidad. Pero esto es sólo una ilusión, un espejismo en el desierto: no se debe confundir a la justicia con el Poder Judicial, ya que este último es parte de la injusticia social, por ser parte –como la policía- del Estado.
Tampoco debe creerse que esta red de complicidad antisocial existe únicamente en Mendoza: también en los tribunales de la Capital Federal se practican los mismos procedimientos, como el que el pasado 5 de junio dejó libre al federal Justo José Luquet, fusilador del pibe Marcelo Báez.
A Mauricio Morán, los chacales lo fusilaron dos veces. La primera hace dos años, y la segunda ahora. Y lo dejaron casi solo. El autor de estas líneas, que investigó el caso en profundidad en diciembre de 2007, cedió gratuitamente al diario Los Andes el fruto de su labor, donde se advertía el triste final de esta historia. Pero también fue en vano. Y el mismo abogado de los Morán, Marcelo A. D’Agostino Dillon, rechazó con un empecinado silencio el ofrecimiento de la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) de proporcionarle un perito balístico de partes, quien no pensaba cobrar honorarios, para intentar romper la trama de impunidad que finalmente liberó a Bressant.
La única voz solitaria que se alzó en demanda de justicia, fue la de la periodista Silvia Sassola, del programa La Posta (Radio Universidad de Cuyo), quien emitió un programa especial el pasado 5 de mayo, al cumplirse el segundo aniversario de la masacre.
Hoy, el chacal de Luján de Cuyo está nuevamente en funciones. Habrá que ver cuándo volverá a ocupar espacio en los medios de prensa, es decir, cuándo volverá a “faenar” otros chicos pobres como Mauricio, Angel y el bebé Raúl.
Claro es que sus camaradas se han estado ocupando del “trabajo” que él no pudo realizar mientras estaba entre rejas: así es cómo la tierra de Mendoza se siguió regando con la sangre de Jonathan Oros (18), Javier Emanuel Roldán (28), Cristian Ricardo Reyes (28), Jonathan Candía (19), Alexis Leguizamón (20) y Hugo Estrella (25), siendo el último en morir Gustavo Silva (18), ahorcado el pasado 20 de junio en un calabozo de la comisaría 41ª de San Carlos, con su rostro marcado por los golpes, algunos dientes de menos, y el cuerpo signado por quemaduras de cigarrillo, tal como denunció oportunamente el periódico Quien Calla Otorga de esa localidad.
Se ha dicho que la policía mendocina debería meter más bala a los menores carenciados que se apropian del carbón de Repsol YPF, e incluso que debería ejecutarse a sus padres por “mandarlos a robar”, ya que “muerto el perro, se acabó la rabia”. Estas terribles opiniones –vertidas en los “comentarios de lectores” del diario Los Andes, más propias de un bruto que de un ser humano-, se basan en una completa ignorancia de los hechos de Luján de Cuyo. Y en algunos casos –como el de un lector apodado “Paddy”-, en un interés corporativo por defender a un miembro de la “familia” policial.
Para opinar con equidad, hay que conocer a fondo los problemas sociales de nuestro tiempo. Quien esté interesado en ello, puede acceder a la investigación mencionada más arriba, que bajo el título de Los miserables, se encuentra acá.
Ese trabajo termina con la siguiente frase, que hoy cobra trágicamente toda su dimensión:
Una bolsa con cuatro kilogramos de carbón cuesta en cualquier mercadito la irrisoria suma de 3 pesos con 99 centavos.
La vida de un pibe no vale nada. O, como mucho, vale menos que un pedazo de carbón.

Horacio Ricardo Silva