Emmanuel, las FARC y todo lo dermás

Hasta ahora no había reproducido nada del tema porque no había encontrado nada coherente al respecto. Hasta ahora tampoco había publicado nunca nada de los compañeros del PTS ya que es una agrupación con un método organizativo que , obviamente no comparto, y con posiciones políticas que comparto aún menos.
La cuestión es, decía, que éste es el mejor artículo que encontré sobre el tema, con el cual comparto opiniones y posiciones en general. Por supuesto mi principal objeción es que pienso que no existen "errores de cúpula" sinó que el error es inevitable ante la mera existencia de una cúpula.
La estrategia más clara y acertada para la clase surgirá siempre de las elecciones asamblearias de los grupos de "afinidad" que la constituyen, y el sistema que permite dicho coordinación se conoce como federalismo.

El fracaso de la “Operación Emmanuel” y el tablero político latinoamericano

x Juan A. Gallardo y Celeste Murillo
(Miembros de la Comisión Internacional del PTS)



I

El fracaso de la “Operación Emmanuel” y el tablero político latinoamericano

Durante los últimos años, América Latina vio surgir nuevos gobiernos, expresión del desvío de los importantes embates de masas que vivió la región y que terminaron con la caída de presidentes como en Bolivia, Argentina y Ecuador. Estos se postularon, con un discurso pos neoliberal, como los administradores de la crisis capitalista, logrando en gran medida desviar los procesos de lucha en curso, apoyados en una coyuntura económica favorable que ya lleva más de 4 años.

A su vez, a pesar de los reveses que viene enfrentando EE.UU., como el fracaso del golpe contra Chávez en 2002, el fracaso del ALCA y roces con varios países, se mantienen en la región diferentes “bastiones” o aliados de la política norteamericana en el continente. En diferentes grados, países como Colombia, México, Chile, Perú y la mayoría de los países centroamericanos, siguen expresando la política imperialista más concentrada, a través de tratados bilaterales, distintos TLC, ayuda financiera y militar.

Mientras que fenómenos como el chavismo en Venezuela o el gobierno de Evo Morales en Bolivia comienzan a mostrar incipientes signos de agotamiento y mayores contradicciones, el imperialismo norteamericano no sólo mantiene una política de “amistad” con algunos de los actores regionales como Brasil, que se postula como garante del orden en el Cono Sur, sino que también desarrolla una política contrarrevolucionaria más agresiva de intervenciones y apoyo financiero y militar como es el caso de la llamada “guerra contra las drogas”, que encuentra en el Plan Colombia su máxima expresión, pero que también se refleja en el reciente pedido de Bush al Congreso para extender los fondos para la “lucha contra el narcotráfico” a México y Centroamérica. El “paquete” de ayuda financiera incluye “equipos, capacitación para policías y el intercambio de información”. Esto no es más que una intervención imperialista más directa sobre estos países, tratando de balancear la pérdida de influencia en otros, configurando un mapa político regional dividido, y alimentando crecientes tensiones entre los diversos actores políticos latinoamericanos.

En este marco, el fracaso de la “Operación Emmanuel” con la que se había anunciado la inminente liberación de tres rehenes en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la mano de un grupo de comisionados encabezados por Chávez, mostró abiertamente muchas de contradicciones que atraviesan el continente. Se trataba de un conflicto en el que se jugaban intereses cruzados con actores tan diversos como las FARC, Chávez (y los enviados de Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Francia y Suiza), el presidente colombiano, Alvaro Uribe, y el propio EE.UU., que tiene a Uribe como uno de sus principales aliados en la región.

El repentino viaje de Uribe a Villavicencio y los anuncios de su comisionado Luis Carlos Restrepo de que no podían garantizar la seguridad de los enviados de los otros países, sobre todo la de Kirchner de Argentina y Marco Aurelio García de Brasil, dieron por cerrado el proceso. La presencia de Chávez junto a la comitiva en suelo colombiano y la posibilidad de que los rehenes fueran finalmente liberados eran intolerables desde cualquier punto de vista tanto para Uribe como para EE.UU.. La liberación de los rehenes hubiera significado un enorme triunfo del presidente venezolano y un revés para la política abiertamente contrarrevolucionaria con la que EE.UU. interviene no sólo en Colombia, sino también en otros países de la región.

Intereses en pugna

El gobierno de Chávez, que viene de sufrir su primera derrota electoral en el referéndum constitucional del 2 de diciembre, subproducto de una enorme abstención de su propia base social y de la enorme polarización política venezolana, trató de convertir esta operación en una fuente de oxigeno político. La creación del Banco del Sur y los llamados a formar parte del MERCOSUR a principios de diciembre habían significado un respaldo, sobre todo de parte de los gobiernos de Argentina y Brasil, pero la posibilidad de liberar con éxito a los rehenes de las FARC hubiera significado un reconocimiento internacional que le permitiría afrontar en mejores condiciones la situación interna luego del referéndum [1] y ubicarse en una mejor relación de fuerzas, no sólo frente a EE.UU. sino ante sus competidores regionales.

El gobierno de Cristina Fernández en Argentina, que a pocos días de asumir a principios de diciembre, se vio envuelto en el escándalo de las valijas de Antonini Wilson por la denuncia de fiscales norteamericanos (con datos aportados por el FBI), vio en la operación encabezada por Chávez la posibilidad de obtener un rédito político que le permitiera reestablecer un equilibrio entre sus relaciones con EE.UU. y el gobierno venezolano. El ex presidente Néstor Kirchner, como garante de la misión por Argentina, intentó jugar un rol activo apareciendo como el enviado internacional más importante y el fracaso de la misión da por tierra, al menos momentáneamente, con sus pretensiones.

La posición de Brasil fue más cauta. Con el envío de Marco Aurelio García, Lula demostró que no estaba dispuesto a quedar afuera de un acontecimiento de magnitud para la región, pero su enviado, con perfil bajo sintetizó la opinión de su país ante las expectativas que se habían sembrado: “todos podemos ser vencedores o todos vamos a perder algo”.

Todavía es muy rápido para saber las consecuencias del fracaso en la “Operación Emmanuel”. Es prematuro asegurar que esta derrota de la misión se traslade automáticamente en un fracaso de Chávez, como insinuaron algunos analistas dentro y fuera de Venezuela. Los familiares de los rehenes todavía consideran a Chávez como el único capaz de negociar con las FARC su liberación, y así con lo confirma la voluntad de los familiares de quedarse en Caracas. El presidente venezolano dejó en claro que continuará las negociaciones, y los gestos de las FARC durante los últimos meses parecen indicar que si existe alguna posibilidad de concretar un acuerdo humanitario este no sería posible sin la mediación de Chávez.

Sin embargo, una nueva operación del tipo de la que acaba de fracasar parece muy poco probable. Tanto Uribe como EE.UU. dejaron en claro que a pesar de la debilidad de un gobierno norteamericano en retirada, y de las presiones por llegar a un acuerdo humanitario que tiene el gobierno colombiano, no están dispuestos a revertir su política de “guerra contra el narcotráfico” y que para avanzar hacia un canje humanitario tendrán que pactar con el imperialismo y el gobierno colombiano las condiciones del mismo.

Un año complicado para Uribe

El gobierno de Uribe acaba de terminar un año en el que sufrió distintos reveses y 2008 no parece que vaya a ser mejor. Durante los últimos meses se agudizaron las presiones internas y externas para llegar a un “acuerdo humanitario” que permita el canje de alrededor de 45 rehenes en manos de las FARC, a cambio de la liberación de más de 400 miembros de esta organización que se encuentran en las cárceles colombianas. Esta exigencia choca de frente con la “política de seguridad democrática” con la que Uribe viene gobernando desde 2002 y con la que pretende construir redes de civiles que sean informantes de las fuerzas de seguridad mientras que ante la presión para avanzar en un canje con las FARC, siempre mantuvo una posición de ataque militar unilateral para rescatar a los rehenes, lo que es rechazado de plano por los familiares.

En agosto de 2007, el primer intento de mediación de Chávez y de la senadora colombiana opositora Piedad Córdoba tuvo el objetivo de permitir un “diálogo” en el que no haya ni vencedores ni vencidos. El derechista Uribe debería soportar que Chávez instale a las FARC como una de las “partes en conflicto”, aunque al mismo tiempo la participación del presidente venezolano era una lavada de cara para su gobierno, cuestionado por sus lazos con los paramilitares. Sin embargo, Uribe que se niega a reconocer a las FARC como actor beligerante en un conflicto armado con el Estado colombiano, considerándola junto con EE.UU. como una organización terrorista, terminó abruptamente las negociaciones en noviembre de 2007, desencadenando una serie de disputas diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Ante la posibilidad de una represalia por parte de Chávez, los propios empresarios colombianos presionaron a Uribe para que “redefina los términos de la confrontación”, recordándole los más 4.000 millones de dólares de comercio que Colombia mantiene con Venezuela.

Estas presiones se sumaron a los escándalos de la “parapolítica” en los que, por sus nexos con los paramilitares, más de 20 congresistas, 14 de ellos uribistas, están en la cárcel, y altos funcionarios debieron renunciar a sus cargos. Durante 2008 se espera que los políticos procesados lleguen a más de 50. El propio Uribe ha aparecido en fotos y videos con jefes paramilitares en su campaña presidencial de 2002, y se lo acusa de haber dado apoyo a la formación de grupos paramilitares durante su mandato como gobernador de Antioquia a mediados de la década de 1990.

El desarrollo de este proceso puede terminar degradando aun más la popularidad que Uribe todavía conserva y llevar a una mayor disputa entre sus aliados políticos en un “sálvese quien pueda”, cuando aún le queda cumplir la mitad de su mandato. Como explica un analista colombiano, “la captura y juzgamiento de políticos, empresarios y militares vinculados a grupos armados, que a la luz de los observadores internacionales no es otra cosa que un resultado exitoso y conveniente para el fortalecimiento de la democracia colombiana, para un gobierno que cruza el umbral que lo pone con el sol a las espaldas, termina convertido en un factor de presión política permanente y en una fuente de erosión de su legitimidad” (Revista Cambio, 27/12/2007).

Ante este escenario, Uribe que hasta hace pocas semanas anunciaba su pelea por un tercer mandato luego de 2010, ha tenido que renunciar a esa idea. Los próximos meses serán clave para saber cómo avanzan los juicios por los escándalos de la “parapolítica” y si el Congreso apoyará o no las leyes enviadas por Uribe para ofrecer una suerte de amnistía generalizada para los paramilitares que se “desmovilizaron” en los últimos años y condenas menores para los políticos que los apoyaron. Cabe recordar también que los grupos paramilitares apadrinados por el Estado colombiano, y financiados por empresarios y terratenientes, son los responsables de las persecuciones y asesinatos de trabajadores y campesinos, cobrándose la vida de más de 2.500 dirigentes sociales desde el año 1991 [2], sin contar el encarcelamiento de cientos de personas acusadas de estar vinculadas a las FARC.

El Plan Colombia y las FARC

Las expectativas sembradas en torno a la posible liberación de los tres rehenes, Clara Rojas, su hijo Emmanuel y Consuelo González, desaparecieron de un plumazo cuando, luego de varios idas y vueltas sin que las FARC confirmen las coordenadas en que se haría la entrega, el presidente Uribe junto con su comisionado y los altos mandos del ejército hicieron su aparición en Villavicencio para intentar retomar las riendas de la situación, tras varios días en los que Uribe había quedado relegado a segundo plano en su propio país. Más allá de la conferencia de prensa en la que repitió hasta el cansancio que “las FARC mienten”, e incluso con el “sorpresivo” anuncio de una hipótesis en la cual el niño Emmanuel no se encontraría en poder de las FARC sino en un orfanato de Bogotá, tal vuelco en la situación tiene razones profundas.

No es sólo que ni el propio Uribe ni el imperialismo norteamericano estaban dispuestos a entregarle en bandeja un triunfo diplomático a Chávez, lo que hubiera significado un reconocimiento de fuerzas inaceptable para los primeros, sino que las putrefactas relaciones entre el Estado colombiano, el paramilitarismo y el narcotráfico se ven reforzadas con los millones de dólares que reciben las FFAA por medio del Plan Colombia, y que para mantenerse necesitan de un estado de tensión permanente con las FARC. Es tanto el dinero como las fuerzas interesadas en evitar cualquier tipo de acuerdo humanitario y más aún algún tipo de perspectiva de “paz duradera”.

Las FARC por su parte hace tiempo que necesitaban salir del aislamiento en el que se encontraban desde hace años, y con la apertura de estas negociaciones lograron cierto reconocimiento internacional de parte de distintos gobiernos que les permiten desmarcarse del rótulo de “organización terrorista” con el que Uribe las viene catalogando.

Sin embargo, las aspiraciones de las FARC, y también de Chávez, parecieran ir más allá. Tanto en un reportaje que el segundo de las FARC, Raúl Reyes, diera al diario argentino Clarín hace unos meses, como en varios de los recientes mensajes que dio Chávez, ambos plantean la posibilidad de avanzar hacia un “acuerdo de paz” más duradero, que podría terminar en la integración definitiva de las FARC, o al menos de una parte de esta organización, al régimen político colombiano. Resulta claro que el presidente venezolano parecería ser una pieza clave, capaz de convertirse en un “facilitador” de esta tarea. Sin embargo, difícilmente el imperialismo norteamericano y el presidente Uribe, aún con los reveses que vienen sufriendo, permitan que un proceso de estas magnitudes se desarrolle “pacíficamente” y menos aún que este sea encabezado por Chávez.

La situación colombiana, con todos los elementos que comentamos más arriba, expresa de manera condensada muchas de las tensiones que atraviesa la región, donde, a pesar de la relativa “autonomía” de la que gozan muchos de los gobiernos pos neoliberales -sobre todo en el Cono Sur-, la debilidad norteamericana no se traduce en un vacío de intervención, sino que su política de intervención contrarrevolucionaria más directa se sigue desarrollando y expandiendo como en México y Centroamérica, generando tensiones en América Latina. Los recientes acontecimientos en Colombia son la muestra más palpable de esta situación.

—

II

Las FARC y la política de los revolucionarios

Los orígenes de las FARC

Entre los años 1948 y 1958 se desarrolló en Colombia una guerra civil, con eje en las principales ciudades como Bogotá, con gran protagonismo obrero en las huelgas petroleras y movilizaciones populares. Todo el país se alza en armas contra los conservadores, hasta que en 1953 el Partido Liberal, con gran peso de dirección en el movimiento de masas -en menor medida el Partido Comunista Colombiano (PCC)- abandona la lucha armada y pacta con el gobierno. Los latifundistas aprovechan para lanzar una contraofensiva para recuperar las tierras que los campesinos habían conquistado en los años anteriores. Las masas rurales contestan con una amplia insurrección agraria, ponen en pie "repúblicas independientes" donde no entra ni el ejército ni el Estado, y donde rige el poder armado de los campesinos.

Frente a la política conciliadora del Partido Liberal de pactar una y otra vez con el gobierno hasta abandonar definitivamente la lucha armada, el PCC aislará al movimiento armado de los campesinos y lo subordinará a su estrategia de colaboración de clases con la burguesía "democrática" y sus representantes del ala "progresista" del Partido Liberal.

En 1964, en respuesta a una violenta campaña militar que asesina alrededor de 160.000 campesinos con bombardeos masivos, surgen en Colombia tres organizaciones armadas: FARC, ELN y EPL.

Aunque herederas del profundo proceso de lucha armada campesina por la tierra, que explica su persistencia por décadas, las FARC nacen encuadradas y distorsionadas por la dirección del PCC, hasta moldearlas como "partido-ejército" de estructura férreamente vertical y métodos típicamente stalinistas, que llegaron en más de una ocasión a la ejecución de disidentes o de miembros de otras corrientes políticas y guerrilleras.

El rígido encuadramiento stalinista de las FARC hizo que el ELN castrista y el EPL maoísta surgieran por fuera de ellas, como rupturas con el tronco tradicional pro-Moscú del stalinismo. Éstas fueron guerrillas distintas por su origen y base social, menos campesina y más centrada en sectores urbanos.

Por largos períodos las FARC vegetaron en pequeños sectores del territorio, de esta forma el PCC las transforma en una mera herramienta de presión sobre el régimen y para mantener su influencia sobre los sectores radicalizados del campo, facilitando a su vez el encuadramiento como "partido ejército" centralizado, aunque conservando fuertes lazos con la base campesina. Desde principios de los años 1980 comienzan a expandir su radio de acción e influencia y hacia 1985 recobran amplia base. Sin embargo, durante los últimos años el aumento de los secuestros y la cantidad de rehenes en manos de las FARC y el hecho de ser catalogadas como una organización terrorista a nivel internacional, venían sumiendo a esta organización en un gran aislamiento político.

¿Adónde van las FARC?

Denunciamos la hipócrita política de EE.UU. y el gobierno derechista de Uribe de catalogar a las FARC como una “organización terrorista”, que es utilizada como fundamento para redoblar las cadenas de opresión imperialista en el país por medio del Plan Colombia como principal instrumento. Los socialistas revolucionarios defendemos incondicionalmente a las organizaciones guerrilleras campesinas como las FARC frente a la represión y persecución del Estado burgués o del imperialismo. A pesar de las enormes diferencias políticas y estratégicas que mantenemos con las FARC, los revolucionarios hacemos nuestra su exigencia de ser considerada como fuerza beligerante, lo cual implica tener todos los derechos que la legislación internacional fija para cualquier ejército, siendo una organización que controla un amplio territorio y con un ejército de miles de campesinos.

Sin embargo, no podemos dejar de denunciar la nefasta política y estrategia de la cúpula de las FARC, opuesta por el vértice a las necesidades de la movilización de los obreros y campesinos de Colombia. Si la estrategia guerrillera de Guerra Popular Prolongada fue defendida en su momento como una estrategia exitosa para países de base esencialmente campesina y sujetos a una fuerte presión imperialista, el derrotero que vienen siguiendo las FARC el los últimos 40 años demuestran que su aplicación en un país semicolonial con un 75% de su población urbana como Colombia, con una amplia clase obrera, termina dando como resultado una política completamente impotente. Así, las FARC vienen limitando su estrategia cada vez más a presionar para lograr algunas reformas políticas a la vez que allanan el camino para integrarse al régimen burgués colombiano. Muestra de esto son las declaraciones de uno de sus máximos dirigentes, Raúl Reyes, al afirmar que podrían formar parte de “una coalición para conformar un gobierno pluralista, patriótico y democrático, que se comprometa con la verdadera paz (...) como por ejemplo un gobierno del Polo Democrático Alternativo” (Clarín, 27/8/07). Recordemos que el mismo Polo Democrático surge como un proceso de integración al régimen burgués de parte de los dirigentes de la vieja guerrilla del M19 y que hoy conforma la principal fuerza de oposición burguesa de centroizquierda. Es necesario señalar aquí que el M19 no hizo más que recorrer el mismo camino del FSLN y el FMLN durante la década de 1980, en Nicaragua y El Salvador respectivamente. En el actual mandato de Daniel Ortega en Nicaragua, podemos ver la viva muestra de la profunda integración al régimen a la que lleva la estrategia del “reformismo armado”.

En Colombia es imposible lograr las demandas de los trabajadores y las masas pobres sin atacar las bases de la propiedad de los latifundistas, los grandes empresarios y expulsar al imperialismo del país. Sin embargo, como demuestra la política de las FARC, esto no es parte de su estrategia de colaboración de clases, que pretende subordinar a los obreros y campesinos bajo su discurso de un gobierno “patriótico y democrático” hacia una política burguesa, convirtiéndose en un obstáculo para la alianza obrera y campesina. Esta política de colaboración de clases también es compartida por la burocracia sindical de la CUT y el Polo Democrático.

Frente a esta política es necesario impulsar la unidad de la lucha de los trabajadores y campesinos para derrotar al gobierno narco-paramilitar de Uribe y sus políticas antiobreras, e imponer la realización íntegra y efectiva de las demandas de tierra, pan, trabajo, libertad y liberación nacional. Honestamente nosotros creemos que sólo la clase trabajadora dirigida por un partido obrero, revolucionario e internacionalista podrá acaudillar a las grandes masas campesinas y del pueblo pobre de Colombia para pelear consecuentemente por este programa y esta estrategia.




[1] Tras el resultado del Referéndum, Chávez empezó a esbozar una política de mayor diálogo con la oposición de derecha bajo la excusa de que “hay que pasar la página. Queremos un país que marche hacia la paz”. Para que no queden dudas de su “voluntad de diálogo”, Chávez acaba de promulgar una ley de amnistía general para los principales responsables del golpe de abril de 2002 y a varios de los responsables del paro-sabotaje petrolero a fin de ese año.

[2] Estos hechos, en los que están envueltas importantes empresas norteamericanas como Coca Cola o la bananera Chiquita Brands, son utilizados cínicamente por parlamentarios demócratas en EE.UU. para poner trabas al TLC con Colombia.